Insta perseguir compra de mercancías robadas

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POR TANIA HIDALGO
El procurador de la Corte de Apelación del Departamento judicial de San Cristóbal, Jesús Fernández Vélez, instó ayer a los demás miembros del Ministerio Público a someter a la justicia a los comerciantes que se dedican a comprar mercancías robadas para revenderlas.

Sostuvo que hay propietarios de ferreterías y otros tipos de establecimientos comerciales que adquieren artículos robados, como es el caso de los cables eléctricos, los tapa bocinas y radios de vehículos, aprovechando que son ofertados a un precio por debajo del costo del mercado, “lo que incentiva este tipo de hechos delictivos”.

“El Ministerio Público tiene que hacer una labor de inteligencia, conjuntamente con la Policía Nacional y otros organismos investigativos del Estado, para dar con los auspiciadores  de estos crímenes”, puntualizó el magistrado.

Sostuvo que a diario personas desaprensivas sustraen motores y radios de vehículos de los alrededores del Palacio de Justicia de esa ciudad, para comercializarlos.

Asimismo, señaló que las autoridades también deben ser drásticas con las personas que compran artículos robados.

Manifestó que si en Santo Domingo, San Cristóbal y Baní no hubiese almacenes que se dedicaran a esta práctica, el número de asaltos a camiones con mercancía en la carretera fuera mucho menor.

No obstante, el magistrado Fernández Vélez hizo referencia a una sentencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia de ese departamento judicial, en la cual tres individuos acusados del robo de cables eléctricos de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EDESUR) fueron condenados a cinco y tres años de prisión, respectivamente.

Antonio Santilme Vargas fue condenado a cinco años de reclusión, mientras que Radhamés Cándido Rodríguez a tres años, tras ser encontrados culpables de robo agravado  y asociación de malhechores, al comercializar alambres eléctricos.

Los tres imputados fueron condenados además a una indemnización de RD$500,000. También se ordenó el decomiso del camión utilizado para el transporte de la mercancía, para   el Estado. 

El Ministerio público estuvo representado por el fiscal adjunto del distrito judicial de Peravia, Maspero Hatuey Santana, quien presentó elementos de pruebas suficientes para sustentar la acusación.