BOGOTÁ (EFE).- El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas instó ayer al presidente colombiano, Alvaro Uribe, a que se abstenga de firmar la llamada ley de justicia y paz para los grupos armados ilegales y la devuelva al Legislativo.

   Uribe puede ejercer «su facultad de objeción presidencial sobre dicha ley, a efectos de que el Congreso la armonice» con la normativa internacional sobre derechos humanos, sugirieron en Bogotá los representantes de las Naciones Unidas.

   El mismo Grupo de Trabajo consideró que, antes de firmarla, Uribe también puede someter la iniciativa «a la consideración de la Corte Constitucional, para que sea ella quien determine si la misma respeta el bloque constitucional».

   Ese conjunto normativo nacional «incluye los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que Colombia es parte», explicó el órgano humanitario de la ONU.

   La sugerencia a Uribe fue formulada por el vicepresidente relator del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, el nigeriano Joel Bayo Adekanye, y el mexicano Santiago Corcuera, miembro del mismo equipo, en una declaración facilitada a la prensa al término de una visita al país que iniciaron el pasado día 5.

   Según los dos diplomáticos, el Grupo de Trabajo se «encuentra sumamente preocupado porque dicha ley podría llevar, en lo jurídico y en lo práctico, a la concesión de importantes beneficios atenuantes de la responsabilidad penal a personas que hubieran cometido la gravísima conducta de la desaparición forzada de personas».

   Tales beneficios, agregaron, se pueden conceder sin que pueda asegurarse que los responsables contribuyan al «esclarecimiento del caso correspondiente, tal y como lo exige explícitamente la Declaración sobre las Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas».

   Adekanye y Corcuera dijeron que la ley para la desmovilización de grupos armados ilegales, aprobada por el Congreso colombiano el pasado 22 de junio, ocupó parte de sus entrevistas tanto con detractores de la misma como con cargos del Gobierno.

   Ante los segundos, «el Grupo de Trabajo expresó sus preocupaciones sobre el contenido de esta ley y respetuosamente solicitó aclaraciones al respecto», señalaron.

   Adekanye y Corcuera reconocieron que las autoridades «se mostraron siempre dispuestas a brindar las explicaciones solicitadas de manera abierta y transparente».

   Pero las «respuestas obtenidas» no disiparon el temor del Grupo de Trabajo, advirtieron los diplomáticos, quienes consideraron que Uribe cuenta con los mecanismos legales para mejorar la nueva norma, que el presidente deberá firmar antes de un mes.

   La polémica norma deberá alcanzar en principio a los cerca de 19.000 miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que se desmovilizarán en virtud del proceso de paz que el Ejecutivo celebra con esa organización paramilitar.

   De dicha fuerza, poco más de 5.000 hombres han dejado las armas desde el pasado noviembre, cuando el diálogo entró en la fase final de desarticulaciones, que deberán terminar el próximo diciembre.