Algunos objetivos importantes para el mejor desenvolvimiento de la sociedad se vuelven a veces demasido difíciles de lograr. En ocasiones  son impedidos por la fuerza de intereses particulares que avasallan al interés general. Para el expendio de medicamentos existen reglas claras pero numerosos negociantes indolentes e incontrolables -de público proceder- logran que su afán de lucro valga más que la ley y la salud del pueblo. A las prácticas medalaganarias  de diversos sectores se han sumado las clínicas privadas. El requisito  clave de que esos establecimientos reporten sin excusas los casos de enfermedades como el dengue, cuya incidencia debe ser monitorerada de manera exhaustiva por las autoridades centrales del salud, es letra muerta para ellos.

El libre comportamiento  de los traficantes de fármacos, y el de los centros de salud particulares, reflejan que en este país hemos ido para atrás institucionalmente -a pesar de los cacareos que digan lo contrario- en la observación  de esquemas   establecidos para proteger la salud de la población. Un aspecto grave que origina  conductas desordenadas e irrespetuosas de  determinados sectores no es otro que la liviandad de quienes tienen que imponer controles. La regularización de sectores relacionados con la salud está fallando por la tibieza de los paños  y flojera de muñecas de las autoridades.

Rechazo a una sola voz

La pretensión de colegios privados de imponer como requisito el pago adelantado del año escolar ha tenido como respuesta un rechazo unánime de la sociedad. Por diversas vías, padres y tutores han dicho no a esa inaceptable aspiración de cobrar por anticipado por un servicio vital para la colectividad que por decenios ha tenido que apelar a la docencia particular porque los gobiernos han sido injustamente incapaces de preservar la educación pública como el medio vasto y eficiente que  predomine en el escenario nacional.

El gobierno tiene que regir con normas estrictas y equitativas, y hasta impulsar una nueva ley básica  si es necesario, la labor docente, tanto la privada como la pública. No se discute el derecho a un  lucro  digno perseguido con legitimidad y  acorde con la calidad del magisterio y de las instalaciones del ámbito privado; pero ningún establecimiento de ese sector debe quedar fuera del cauce de lo razonable.