Institucionalidad, inversión social y desarrollo

Institucionalidad, inversión social y desarrollo

EDUARDO JORGE PRATS
El país ya no puede perder más tiempo. Nos hemos desarrollado por inercia y por la creatividad empresarial de los dominicanos, pero ya el tiempo se nos agota para crear las condiciones jurídicas e institucionales que permitan a la nación crear ventajas comparativas y competitivas que nos dejen subsistir y crecer en un entorno internacional crecientemente globalizado.

Nadie cuestiona la estabilidad macroeconómica ni las condiciones que nos han permitido ser exitosos en sectores tales como el turismo y las zonas francas. Pero los datos que asoman revelan que las grandes desigualdades sociales no sólo afectan el estado de la justicia social en nuestro país sino que significan un serio obstáculo para un desarrollo económico sostenido. Recursos humanos sin acceso a los derechos sociales básicos y sin estar debidamente educados no es la mejor manera de sentar bases sólidas para el desarrollo nacional.

Peor aún, cada día se cierran más las puertas de la posibilidad de desarrollarnos sin abordar la tarea básica del Estado en un estado moderno: fomentar la institucionalidad y la seguridad jurídica necesarias para atraer, mantener y aumentar la inversión nacional y extranjera. Desde las tareas tradicionales de asegurar la propiedad privada sobre los bienes y defender la vida y los bienes de las personas hasta las misiones más novedosas de contar con una Administración Pública que proteja los derechos individuales y sociales de los administrados, en todas ellas, el déficit dominicano es más que notable, sobre todo si se compara con otros países de la región americana.

Ya no basta con tener elecciones transparentes cada 4 años ni asegurar el mínimo de respeto a las libertades públicas. No. Lo que la ciudadanía y el mercado exigen es transparencia en la gestión pública, independencia y eficiencia de los reguladores económicos, seguridad jurídica para inversionistas y concesionarios, niveles decentes de respeto al medio ambiente, a los derechos sociales y a los derechos de los consumidores, libertad de empresa sin monopolios privados ni abusos de posición dominante, y control judicial de la actuación del Estado.

Costa Rica y Chile son muestras fehacientes de que no puede haber crecimiento ni desarrollo sostenido sin institucionalidad, seguridad jurídica e inversión social. Los instrumentos de la modernidad (celulares, e-government, internet), sin aquello, no son más que espejitos regalados por los españoles a los taínos. Hay que llevar el Estado a su legalidad para que la crisis del Estado no termine enterrando a la sociedad y comprometiendo nuestro bienestar como ciudadanos y nuestra soberanía como nación. Y hoy el Estado no es Estado sino es de Derecho y si no es un Estado Social.

Los retos son enormes y las decisiones políticas fundamentales son duras pero inaplazables. Reforma constitucional que fomente la participación social, el Estado de Derecho y el Estado Social. Reforma política para asegurar la transparencia electoral y el rol de los partidos como articuladores de los intereses nacionales.

Ley de Procedimiento Administrativo para legalizar al Estado y controlar judicialmente a la Administración.

Designación del Defensor del Pueblo. Consolidar una Cámara de Cuentas que controle efectivamente al Estado. Control del clientelismo y la corrupción asegurando la prevención en la fuente y el castigo efectivo al final. Política de inversión extranjera basada en asegurar las condiciones jurídicas e institucionales que fomenten las exportaciones, el empleo y la construcción de las infraestructuras.

Autonomía de los reguladores económicos. Seguridad ciudadana basada en una policía efectiva, capacitada y garante de los derechos. Sistema tributario justo y transparente. Reforma financiera para fomentar la democratización del capital, la canalización del ahorro hacia la producción, el acceso de los ciudadanos al crédito, el buen gobierno financiero y la protección de los consumidores.

Si no olvidamos que la economía es una disciplina que desde su fundación siempre ha sido economía política y si tomamos en cuenta que el Derecho no es un obstáculo a la acción de los gobernantes y de los agentes económicos sino el medio ideal para la organización social en democracia e igualdad de derechos, podremos avanzar efectivamente en el camino de construir una nación más próspera, justa y solidaria. Si los gobernantes y la oposición están conscientes de esto y actúan en consecuencia, no estarán solos en el camino.

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