RAFAEL TORIBIO
Lo que le está sucediendo en el Congreso Nacional a la propuesta de reforma tributaria, debe provocar un profundo cuestionamiento en quienes hemos defendido y defendemos el diálogo, la concertación y el consenso como instrumentos esenciales en una democracia que quiere ser mucho más participativa, sin dejar de ser representativa, y que saben diferenciar, y aceptar, entre el derecho a la participación en el proceso de elaboración de las decisiones y la potestad atribuida a determinadas instituciones y órganos del Estado para que la toma de las decisiones sea de su exclusiva responsabilidad. Se impone también la rectificación requerida para lograrlo de otra manera.
Por su naturaleza, composición y funciones dentro del sistema político, el Congreso es el especio donde debe verificarse el diálogo, la concertación y el consenso porque es la institución a la que le corresponde la articulación de intereses particulares y convertirlos en voluntades colectivas en forma de leyes. Eso es lo que expresa la teoría política, pero en la realidad, particularmente la nuestra, la percepción generalizada, formada sobre la base de lamentables experiencias, es que los intereses particulares terminan por imponerse a los generales del país, por la capacidad de persuasión del hombre del maletín, que unas veces está lleno de recompensas económicas y otras políticas.
Esta experiencia es la que ha motivado que cuando se discute un anteproyecto de ley de gran trascendencia, o una propuesta con vocación de terminar en ese mismo formato, se recurra al diálogo en búsqueda de la concertación y el consenso en un espacio diferente al Congreso. La intención no es sustraerle la potestad de aprobar las leyes, ni tampoco obligarle a que acepte y refrende los acuerdos logrados. El propósito no es otro que facilitarle la tarea al Poder Legislativo al presentarle una iniciativa que cuenta ya con el respaldo de los sectores directamente concernidos en el asunto. Pero para que esto sea así, se deben cumplir ciertos requisitos.
El primero de ellos es que en la mesa del diálogo deben estar representados todos los sectores, que cada uno tenga la oportunidad de expresar sus pareceres y que éstos sean valorados y tomados en cuenta. Se requiere también que en la propuesta final solo aparezcan los acuerdos productos del consenso, entendido éste no como unanimidad sino como una posición respalda por una amplia, cualificada y evidente mayoría de los participantes, pero con la indicación del disenso, es decir, aquellos puntos donde no fue posible lograr acuerdos. Finalmente, la propuesta debe ser presentada al órgano a quien le compete tomar la decisión para que la analice y pondere, no necesariamente para que sea aprobada tal como le fue presentada.
¿Qué sucedió con la propuesta de reforma tributaria? Sucedieron varias cosas. En la mesa en búsqueda del consenso solo participó una parte de los sectores y actores que debían estar presentes. Unos porque no los invitaron y otros porque no aceptaron la invitación. Pero además sucedió que mientras unos sectores reunidos trataban de llegar a cuerdos, otros intentaban de lograrlos directamente con el gobierno, incentivada esta vía desde la esfera gubernamental. Para hacer más difícil las cosas algunos sectores entendieron que sus intereses fueron lesionados en los acuerdos y que en la versión final del documento aparecen como asuntos consensuados temas que no fueron ni siquiera discutidos. A esto se agrega que el gobierno prefirió negociar con organizaciones de la sociedad civil y no con el Congreso y la demanda original por parte del gobierno de que la propuesta de reforma tributaria debía ser aprobada tal como fue presentada.
Y ya sabemos lo que ha sucedido en la Cámara de Diputados: vistas públicas y la oportunidad de que cada sector pueda expresar sus pareceres y demandar la salvaguarda de sus intereses. La apertura a la participación de los excluidos, o cuyas opiniones no fueron acogidas, se ve favorecida porque la mayoría en esta parte del Congreso está en poder de un partido que no quiso participar en la mesa del diálogo que buscaba el consenso previo y porque el próximo año es electoral. La negociación se ha reiniciado de nuevo, participando en la misma hasta los sectores que fueron acusados de haber dominado la anterior.
Después de esfuerzos por lograr acuerdos, cuestionamientos posteriores, desavenencias que han erosionado la unidad interna de algunos sectores, y la atención preferente que el gobierno otorgó a determinados planteamientos, en el Congreso el proceso se ha retomado de nuevo. Y en esta ocasión lo conduce quien está facultado a tomar la decisión. Luego de lo que se decida en la Cámara de Diputados la propuesta pasará al Senado, donde le espera un tratamiento similar.
Todo parece indicar que si queremos que el diálogo, la concertación y el consenso sean instrumentos legítimos y eficientes de llegar a acuerdos entre distintos sectores con intereses contrapuestos, debemos buscar otras formas de lograrlo. Un buen inicio sería hacerse la siguiente pregunta: ¿porqué buscar el diálogo, la concertación y el consenso fuera del Congreso y no en el Congreso y con el Congreso? O esta otra: ¿por qué en este tipo de negociaciones la sociedad civil prefiere aparecer como aliada del Gobierno y no del Congreso?