Dentro del tren administrativo del Gobierno Dominicano hay varias entidades, que en vez de ayudar en la tarea difícil de ayudar a conducir eficiente y transparentemente las tareas que les son encomendadas, se convierten en adefesios y antros de la más abyecta corrupción.  Como son un número considerable, sólo nos limitaremos a las que han conmocionado a los pacientes ciudadanos, que han visto anonadados cómo los funcionarios llamados a corregir tan denigrante conducta sólo se limitan a imponer benignas sanciones, como es el de la suspensión de los responsables.

En la crisis de los bancos comerciales privados que estremeció los cimientos financieros del país, el ciudadano más ignorante no se explica cómo estando dotado el sistema financiero del Estado de un organismo denominado Superintendencia de Bancos, todos los funcionarios que dirigieron ese importante departamento de supervisión no se dieran cuenta de las graves anomalías que improvisados banqueros estaban dilapidando alegremente, en primer lugar, los ahorros de sus clientes y en segundo lugar prestándose ellos mismos por intermedio de testaferros o compañías de amigos o relacionados.  A nuestro juicio, tan culpables son los banqueros, como los funcionarios que debieron, en caso de no complicidad, haber traducido por ante los tribunales judiciales a los granujas que desfalcaron los referidos bancos comerciales.  ¿Para qué les pagaron sus salarios a estos encumbrados funcionarios?  Según la opinión pública, para tapar las apariencias y hacer creer que verdaderamente existía un control y de esa manera mantener la confianza en los depositantes.

Lo acontecido en el  Programa de Reducción de Apagones (PRA) es simplemente increíble.  Un pseudo pastor que se cree un “apóstol”, apoyado por sus superiores que encubrían una candidatura política para aspirar a la Presidencia de la República, contrató a cientos de adlátere, verdaderas “botellas” para que le hicieran coro a su mentor.  De paso, se compró un vehículo impresionante, el cual, con el fruto de un trabajo honrado nunca hubiese logrado adquirir.  Qué sanción mereció este “patriota”, la suspensión de sus funciones.  Aquí uno se pregunta: ¿Y el DEPRECO?  Como nadie imputó a estos leales funcionarios, se hizo el desentendido.  De paso, esa es otra institución que hace tiempo debió haber sido desmantelada por infuncional y protectora de los políticos de turno.

La Cámara de Cuentas es harina de otro costal.  Se supone que debe velar porque todas las irregularidades y anomalías que se cometen en el Estado Dominicano sean sancionadas.   Hasta ahora, sus integrantes sólo han sabido tomar acciones tendentes a mejorar sus condiciones económicas, dado que no es posible subsistir con un salario que duplicaba el percibido por el señor Presidente de la República.

En el mismo sitial que la Cámara de Cuentas debemos situar la Liga Municipal Dominicana, entidad que debiera fiscalizar el dinero que del presupuesto nacional se le entrega a los diferentes municipios existentes.  Aquí hay síndicos que no se han llevado el ayuntamiento porque las sedes son construidas en cemento, de lo contrario, hubiesen dejado el limpio.

Por último, ya que el escaso espacio que se me otorga no me permite abundar más, la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT).  Al parecer el único, que por no contar con un apoyo sólido fue cancelado, no sin antes cometer tropelías y desvío de recursos económicos, que en un país medianamente con consciencia cívica no muy elevada, debería haber llevado directamente a La Victoria.  Si en nuestro país, el señor Presidente no detiene, como aparentemente lo expresó en FUNGLODE, la rampante corrupción, pronto nuestro país aparecerá en el mapamundi en blanco, tal y como la Reina Victoria de Inglaterra lo hizo con Bolivia en el Siglo XIX, porque los amigos de lo ajeno lo dejarán como el hoyo de las tapas de los filtrantes, que se las llevan y nadie protesta.