Por diferentes razones, casi 500,000 empleados de instituciones estatales como la Junta Central Electoral,  Suprema Corte de Justicia, Congreso Nacional  y los ayuntamientos no forman parte del Seguro Familiar de Salud (SFS), lo que constituye una violación a la ley 87-01 de seguridad social.

Asimismo, casi todos los sectores que conforman el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), ven que los niveles de regulación por parte de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril)  y de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), son débiles pero ninguno asume posición con respecto a  sus críticas.

Esos empleados estatales deberían estar afiliados en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Administradora de Riesgos de Salud (ARS), del Estado.

El tema está en manos de la gerencia del CNSS, pero su impulso depende de la Tesorería.

La TSS es responsable de que esas instituciones coticen y formen parte de un sistema sanitario y de previsión.

Para el doctor Fulgencio Severino, experto en el tema, no hay voluntad por parte del gobierno y las entidades reguladoras. Ellos hacen que todo pase y dejan que todo pase, sin intervenir. “Que ocurra lo que tiene que ocurrir”.

 El gobierno tiene casi 500,000 empleados y si se suman los dependientes, la cifra de afiliados sobrepasaría las 800,000 personas.

 Si se incorporara al sistema, las Fuerzas Armadas, el Congreso, la JCE y los ayuntamientos, se llegaría a los 2.5 millones de afiliados, lo que fortalecería el sistema.

Fernando Caamaño.  De su lado, el superintendente de Salud  y Riesgos Laborales, valora los avances del nuevo modelo.

Más de 1.7 millones de afiliados contributivos y la seguridad financiera del sistema, son a su juicio un buen aval del trabajo de los actores.

Sin embargo, reconoce que la meta de afiliación deberá llegar a los 2.5 millones, para el régimen contributivo.

El nuevo modelo de salud tiene un año y cinco meses de haber sido iniciado.

Para Caamaño, los logros y avances del sistema son evidentes, pero reconoce que en salud las necesidades son cuantiosas.

El desempleo.  Caamaño, considera que una crisis de empleo podría afectar sobremanera al sistema de seguridad social, pues se nutre de los aportes de los empleadores y trabajadores.

Asimismo, el superintendente de salud se opone a que  se modifique la ley 87-1. “Este no es un momento para modificaciones”, dijo Fernando Caamaño.

Siempre habrá quejas.  Para el funcionario, las quejas en un sistema de seguridad siempre estarán.

Sin embargo, para él, las quejas de los afiliados han bajado y eso tiene que ver con que la población está más empoderada y reclama sus derechos.

Si el usuario se queja cuando no es adecuadamente atendido, el reclamo llega y la situación se corrige, asegura el funcionario.

Las ARS y el lucro. Estas entidades saben cual es su responsabilidad, pero no se puede soslayar que son entidades lucrativas, dice el superintendente de Salud.

Insiste en que el actual sistema es bien regulado. En la actualidad varias ARS violan la ley 87-01 en lo relativo a la cantidad de afiliados.

Algunas aparecen con cantidades monopólicas, pero otras tienen una masa crítica muy pobre.

Otras ARS no han logrado modernizarse en lo que a tecnología, renovación y afiliados se refiere.

En la actualidad funcionan 27 ARS, de esas unas ocho o nueve no alcanzan los requisitos que amerita el reglamento.

Tan grave es la situación para algunas ARS sólo podrían tener 10 0 12 afiliados, esas están llamadas a desaparecer o a fusionarse.

Esas entidades intermediarias de los servicios de salud reciben unos RD$1,200 millones cada mes, de esos se gasta el 85por ciento en salud, debido a la demanda y empoderamiento de los afiliados.