Trescientos 88 millones recuperados en acciones contra el lavado de activos fueron distribuidos ayer por el procurador general, Jean Rodríguez, entre instituciones del Estado y no gubernamentales (ONG) que trabajan contra ese crimen en la República Dominicana.
Los recursos fueron entregados de conformidad con lo que establece la Ley 155-17, correspondiendo la mayor parte a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNC), Consejo Nacional de Drogas (CND) y la Policía Nacional.
La DNCD y el CND recibieron cada una $97,156,036.60 millones, equivalentes al 25%, y la Policía, $38,862,414.60 millones, equivalentes al 10%.
Los restantes $58,293,621.95 millones, que representan el 15% fueron distribuidos entre 25 ONGs, en base a un criterio establecido por el CND, que toma en consideración la efectividad de la institución, personas que acoge, costos operativos, infraestructura y otros parámetros.
Procedencia del dinero. $117.9 millones fueron decomisados en el caso Mercadinsa, compañía fantasma creada en Panamá para negociar hidrocarburos, y dirigida en el país por La venezolana Aimeé Josefina de San Juan Navas González, y el dominicano Marino Andrés Castillo Javier.
Del caso Junior Pañales, sindicado dentro de una red internacional de narcotráfico y lavado de activos, se obtuvieron $79.8 millones; del de Raúl Jaimes, $48.5 millones; del de Francisco Antonio Peralta y compartes, $24.5, y del caso José Miguel de la Cruz, $24.4 millones.
Otros $23.2 millones se obtuvieron del caso Kelvin Hernández Flaquer, vinculado a la red de David Figueroa Agosto y al secuestro del dominico- español Juan Antonio Farías.
Del caso de Francisco Antonio Peralta y compartes se obtuvieron 24.5 millones; 14.9 millones del de Los Santana; $11.8 millones del de Sandra Mercedes Mayor Torres (Mula); y $7.8 millones del de los Norteamericanos.
En el caso Nigua (1/3) Rosario Altagracia Guzmán Ureña (Charo) se incautaron $4.5 millones; y en Nigua (2/3) María Trinidad Núñez Sánchez, $2.1 millones.

Del caso Hermanos Buitriago (Caleta 1), $1.1 millón; del Alacrán, $39,549.03; Sergio Augusto Bonilla, $418,500; del caso Sidney, $752,972.31; y del abogado de Jimaní Santiago Rafael Bello Cuevas, quien intentó introducir de manera ilegal al país casi medio millón de dolares y un polvo blanco presumiblemente cocaína), $22.9 millones.
Otros decomisos incluyeron $842,334.26, del caso Matatán/Cristian Pozo Mojica; $1.2 millones del Nigua (3/3) Domingo Antonio Cedeño Donastor; $45,167.80 del Brezhnev; $363,587 de Roberto Rodríguez Jiménez; y además $1.4 en el de la Discoteca o Sensación o Miguel y Danny.