Los representantes del Banco Central y de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) reclamaron hoy al Congreso Nacional que se les mantenga fuera del proyecto de Ley sobre Regulación Salarial en el sector público.

Las entidades alegaron que poseen sus leyes orgánicas y reglamentos e incluso, en el primer caso de la primera entidad, su independencia administrativa y económica consignada por la Constitución.

Por su lado, el ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, respondió que en el país no hay órganos feudales ajenos a la política general del Estado.

En las vistas públicas en que fue debatida la controvertida pieza, Ventura Camejo pidió que la misma sea convertida en ley antes del 16 de agosto.

Mientras el Ministerio de Trabajo, a través de los viceministros Radhamés Vásquez y Víctor Turbí, apoyó la legislación en todas sus partes.

Al intervenir, Germania Montás, subdirectora de la DGII alegó para que esa entidad se mantenga fuera de los efectos del proyecto, el hecho de que recauda el 74 por ciento de los impuestos, tiene el 82 por ciento de sus funcionarios y empleados, alrededor de mil, técnicamente preparados, dentro de la carrera administrativa.

Entre las críticas al proyecto señaló que los métodos salariales no son consistentes y que leyó nueve veces lo relativo al tema impositivo de los empleados del Estado y no entendió.

Señaló que aprobar el proyecto y aplicársele a la DGII como está elaborado, sería un riesgo para ese organismo, donde técnicos como el que maneja la base de datos, devenga RD$93 mil pesos, superior al del presidente de la República, pero que se trajo del sector privado, donde el promedio percibe mayores ingresos porque no trabajan por la Patria.

Significó que el manejo salarial de la DGII puede ser auditable o medible para que se determine su transparencia.