El Gobierno anunció ayer que en cada entidad pública se asignará un oficial de cumplimiento normativo dependiente de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), que tendrá por misión asegurar que los procesos de compras y contrataciones se ajusten al ordenamiento legal y cumplan estándares internacionales.

La medida forma parte del Programa de Cumplimiento Regulatorio que puso en marcha el órgano rector de las contrataciones públicas para garantizar la gestión de riesgos de incumplimiento legal y prevención de irregularidades administrativas en las unidades de compras de cada entidad del Gobierno.

La información fue divulgada por el Gabinete de Transparencia, Prevención y Control del Gasto Público, encabezado por Milagros Ortiz Bosch, un órgano cuya creación anunció el presidente Luis Abinader durante su discurso del 9 de diciembre del año pasado.

Carlos Pimentel, director de Contrataciones Públicas y miembro de dicho gabinete, explicó que estiman designar a más de un centenar de estos funcionarios en un proceso que se hará de manera gradual, pero que iniciará en las instituciones que manejan los mayores presupuestos y ofrecen servicios fundamentales a la población, como las de los sectores educación, salud y construcción.

Agregó que estos servidores públicos trabajarán “en estricta coordinación” con la recién establecida División Antifraude de la Contraloría General de la República, unidad cuyo desarrollo será responsabilidad de los abogados Leonidas Radhames Peña Díaz y César Emilio Caraballo Whaytt y que se encargará de fortalecer la función de auditorías internas e investigaciones antifraude en las instituciones.

De su lado, Ortiz Bosch, quien también es directora de Ética e Integridad Gubernamental, afirmó que esas instancias iniciarán, de inmediato, auditorías especiales y de investigación, con énfasis en las nóminas estatales y en las contrataciones públicas.

Comisiones para leyes. La funcionaria Apuntó que otros de los temas abordados por el Gabinete de Transparencia fue la necesidad de revisar el marco legislativo “para fortalecer la participación de la ciudadanía, el control de la actuación administrativa, la prevención de la corrupción y la persecución de los actos ilícitos cometidos desde la administración pública”.

Resaltó que a través de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo se han conformado comisiones de juristas especializados para presentar propuestas de creación o modificación de leyes, como la Ley General de Publicidad Estatal, la Ley General de Libre Acceso a la Información, las leyes de la Cámara de Cuentas y de la Contraloría General de la República, el Código Penal, la Ley de Compras y Contrataciones, y la Ley Electoral y normas afines.