SERGIO SARITA VALDEZ
El fenómeno de la globalización tiene como uno de sus efectos principales una resultante centrípeta, tipo órbita gravitatoria, que obliga a los países débiles y subdesarrollados a tener que adecuar sus vidas y costumbres al poder dominante. Este último hace las funciones de un marcapaso cardíaco imponente el ritmo, la forma y la frecuencia a la que debe latir el corazón judicial del cuerpo social dominicano.

Luego del exterminio de nuestros aborígenes los pobladores de la isla han orbitado alrededor de las grandes potencias. Eso nos lo hace ver claramente Juan Bosch en sus obras «De Cristóbal Colón a Fidel Castro, y Composición Social Dominicana.

Durante sus escasos siete meses de gobierno el profesor Juan Bosch intentó adiestrar los recursos humanos en las distintas áreas técnicas y científicas, elemento indispensable para crear la plataforma en que descansaría el funcionamiento democrático de los distintos poderes públicos del Estado. Ese amago reformista fue yugulado mediante un cruento y costoso golpe de estado militar. Ello provocó una segunda intervención militar estadounidense que nos sumió en la guerra de abril de 1965. A este trágico episodio de nuestra historia le siguió el tristemente célebre período de los doce años de gobierno autocrático de Balaguer.

En 1978 tras unas muy traumáticas elecciones asumió el poder el hacendado Don Antonio Guzmán. El nivel de crecimiento de las fuerzas productivas de la nación ameritaba de un poder judicial con mayor capacidad investigativa de las muertes violentas o sospechosas de serlo. Ahí nace un 20 de mayo de 1980 la ley 136 que hace obligatoria la práctica de la autopsia judicial en todas lascircunstancias siguientes: «a) Cuando existan indicios o sospechas de que haya sido provocada por medios criminales. B) Por alguna forma de violencia criminal. C) Repentina o inesperadamente, disfrutando la persona de relativa o aparente buena salud. D) Si la persona estuviera en prisión. E) Cuando proviniere de un aborto o de un parto prematuro. F) En toda otra especie que sea procedente a juicio del Procurador Fiscal o quien haga sus veces durante la instrucción del proceso.»

Como podrá observarse primero se creó un marco jurídico sin que existieran los recursos humanos ni la infraestructura física para que se cumpliera el mandato legal. No fue sino hasta febrero de 1989 cuando mediante el decreto número 58-89 el presidente Balaguer ordenó: «Articulo 1. Se crea el Instituto de Patología Forense como una dependencia de la Procuraduría General de la República, que tendrá a su cargo la realización de la Autopsia Judicial conforme se establece en la Ley Número 136 de fecha 23 de mayo de 1980.

Artículo 2. La designación del personal técnico y administrativo al servicio del Instituto de Patología Forense, será efectuada por conducto de la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social. Artículo 3. La Procuraduría General de la República y la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social elaborarán los proyectos de Reglamentos, tanto de la Ley No 136 de fecha 23 de mayo de 1980, como del funcionamiento interno del Instituto de Patología Forense, los cuales serán sometidos al Poder Ejecutivo para su aprobación.»

Leyendo la página 9 del periódico Diario Libre hemos sido sorprendidos con el siguiente titular, Crean Instituto de Ciencias Forenses. Al encabezado le siguen los detalles de la noticia que transcribimos a continuación:» La Procuraduría General de la República informó la creación del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. La entidad tendrá como objetivo principal brindar asistencia científica y técnica a los órganos investigativos, a los tribunales penales del país y a otros estamentos judiciales públicos y privados. El Consejo Directivo estará integrado por el Procurador, el Jefe de la Policía, la Oficina de Defensa Pública y de las escuelas Nacional del Ministerio Público y de la Judicatura.»

Distinto al nuestro, el Consejo Directivo del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico fue creado en 1985, casi setenta años después de haber establecido un sólido sistema medicolegal, y está conformado de la manera siguiente: «El Secretario de Justicia, quien la presidirá; por el Comisionado de Seguridad y Protección Pública; por el Rector de Ciencias Médicas, por el Administrador de los Tribunales, por el Secretario de Salud y por tres miembros adicionales, nombrados por el Gobernador, con el consejo y el consentimiento del Senado de Puerto Rico.»

Entre las funciones del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico se citan las siguientes: (K) Aceptar y recibir cualesquiera donaciones o cualquier otro tipo de ayuda en dinero, bienes o servicios, que provenga de personas o instituciones particulares y administrarla conforme a los términos de la donación y de la ley. (l) Solicitar y obtener ayuda o asistencia en dinero; bienes o servicios del Gobierno de los Estados Unidos, los estados federados, al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o cualquiera de sus agencias, corporaciones públicas o subdivisiones políticas, para los propósitos de este Capítulo de conformidad con la legislación, reglamentación, acuerdo o contrato aplicable.»

Dice un viejo axioma medicolegal que lo que mal comienza difícilmente termina bien. Consideramos que la Directiva anunciada por la Procuraduría General de la República es muy estrecha y que excluye a entidades necesarias para que haya una adecuada representación variada de valiosos actores nacionales. Creemos que el grueso de los trabajos periciales forenses sigue estando en el ámbito de las ciencias de la salud, tales como son la medicina forense, odontología forense, toxicología forense, serología forense, biología molecular forense, antropología forense, y otras. ¿Dónde está la representación del Colegio Médico Dominicano, la Secretaría de Salud Pública y Asistencia Social y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, para mencionar solo tres importantes entidades de peso a tomar en cuenta?

No por mucho madrugar amanece más temprano, nos repetía el profesor Juan Bosch. Los enlatados importados y las recetas foráneas no siempre ligan con los ingredientes del criollo sancocho, el arroz, las habichuelas y la carne, símbolos auténticos de la dominicanidad. Cristo nos dice: «Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre». Ojalá que el dinero del lavado del narcotráfico nunca toque los bolsillos de quienes dirijan el recién creado Instituto. De igual manera elevamos plegarias al Altísimo para que la condición de pobre, presente en 60 de cada cien dominicanos no sea obstáculo para que al momento de juzgarnos todos seamos realmente iguales ante Dios y ante la Justicia.