Brasilia. El magistrado Edson Fachin, instructor del caso Petrobras en la Corte Suprema de Brasil, afirmó hoy que el eventual encarcelamiento del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a doce años de prisión, no supondría “ninguna ilegalidad».

Fachin fue el primero de los once jueces del Supremo que tomó la palabra en una audiencia en que será analizado un “habeas corpus» que ha presentado la defensa de Lula para intentar evitar su prisión, después de que ha sido hallado culpable por dos tribunales.

El instructor recordó que la propia Corte Suprema, en 2016, ya declaró constitucional que una pena comience a ser ejecutada una vez que se ratifique en segunda instancia, lo que es el caso del exmandatario, por lo que recomendó que el “habeas corpus” sea negado.

En su acción, la defensa de Lula sostiene que nadie puede ir a prisión mientras resten apelaciones, que en su caso pasarían aún por el Superior Tribunal de Justicia y la propia Corte Suprema. Según Fachin, un recurso de esa naturaleza sólo puede concederse “en favor de alguien que tenga amenazada su libertad por alguna ilegalidad o abuso de poder”, lo que “no es el caso”, agregó.

“No cabe considerar ilegal, amenaza o abuso de poder dos fallos» de tribunales de primera y segunda instancia, sostuvo. Fachin citó varios casos, incluso de asesinato, que acabaron en “la impunidad y la prescripción” debido a la “morosidad judicial” y también a numerosos recursos permitidos y que, hasta 2016, impedían que una persona condenada comenzara a cumplir la pena impuesta hasta que se agotaran todas las apelaciones posibles.

En la causa penal a que se refiere el “habeas corpus”, una de las siete en que responde ante los tribunales, Lula fue hallado culpable de haberse beneficiado de las corruptelas en la estatal Petrobras mediante la cesión de un apartamento en un balneario paulista. En primera instancia, Lula fue condenado a nueve años de cárcel, que fueron ampliados a doce en la segunda instancia.

La defensa de Lula ha negado todos los cargos y afirmado que su cliente es víctima de una “persecución política” que intenta impedir que vuelva al poder, meta que se ha trazado para las elecciones de octubre próximo, a pesar de normas que impiden postular a cualquier cargo electivo a los condenados en segunda instancia.

Concluido el pronunciamiento del relator deberán votar los otros diez magistrados del Supremo, que terminarán de decidir si Lula irá a prisión en los próximos días o si, por el contrario, podrá seguir apelando en libertad. La sesión comenzó bajo estrictas medidas de seguridad, frente a la posibilidad de que tanto partidarios como adversarios de Lula se manifiesten en las calles de Brasilia, que en esta jornada tienen un refuerzo de 4.000 policías.

Para evitar posibles enfrentamientos, las autoridades separaron a ambos bandos con vallas metálicas y cerraron el tránsito en la Explanada de los Ministerios, una avenida que concentra todos los edificios del poder público y en uno de cuyos extremos están el Palacio presidencial, el Parlamento y la sede del Supremo.