POR LLENNIS JIMÉNEZ
El Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE) instruye a los funcionarios públicos en el conocimiento y respeto a la Ley General de Acceso a la Información Pública, número 200-04, en aras de erradicar la corrupción y el clientelismo político de las instituciones públicas.

Ayer, la Secretaría de Obras Públicas inició un proceso de implementación y formación de sus funcionarios y empleados en el conocimiento de esta ley y el decreto 130-05 que aprueba el reglamento.

Las consultoras de CONARE, Patricia Minaya y Paula Henríquez, señalaron que esta ley contempla garantizar una gobernabilidad más ética.

Minaya deploró que el flagelo de la corrupción en los países de América Latina impida el desarrollo.

Mientas que Henríquez confió en que la Ley de Libre Acceso a la Información Pública permite la transparencia presupuestaria, las nóminas y las inversiones de las entidades gubernamentales, ya que obliga a que a las personas se les entreguen los datos que requieren en un plazo de 15 días.

Manifestó que la ley establece una coordinación y es un compromiso tanto de los funcionarios públicos tanto como de los ciudadanos. Planteó que en vez de combatir la corrupción, lo recomendable es fomentar la transparencia, porque en el mañana habría menos imputados en las cárceles y más transparencia en las instituciones del Estado.

El taller de sensibilización y de implementación a la Ley de Acceso a la Información Pública para los sub secretarios, directores y encargados departamentales de Obras Públicas,  y de la Dirección General de Tránsito Terrestre. El curso fue impartido en Obras Públicas, en la biblioteca ingeniero Leonte Bernard.

La encargada de la Oficina de Transparencia en la secretaría de Obras Públicas, Yudelkis Mejía, indicó que se apoyan en los requerimientos del presidente de la República, en el sentido de que estas oficinas sean los pilares por medio de los cuales se ofrezca toda la información ciudadana.

Expresó que si dentro de los 15 días que otorga la ley, a la persona no se le ha dado la información solicitada, la ley prevé un segundo plazo de diez días, tiempo en el que deberán llamar al ciudadano indicandole la razón por la que no le han notificado.

Manifestó que en Obras Públicas disponen de un personal a los fines de recibir a las personas que requieren información o recibirles las llamadas telefónicas y llenarles la solicitud preparada. Mejía precisó que la ciudadanía puede hacer las indagatorias a través del correo. Entre los participantes al taller estuvieron el director general de Tránsito Terrestre, Rafael Crespo; el sub secretario Mario Holguín.