El Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (CEG-INTEC) señaló que con la decisión tomada ayer por los diputados, al aprobar el nuevo Código Penal, el país tiene una involución de 120 años frente al marco jurídico de los derechos humanos de las mujeres.

En relación a la figura del feminicidio, la entidad indicó en un comunicado que el Código lo hace de manera restrictiva a aquellas personas que tienen o han tenido una relación de pareja y no en el sentido amplio del concepto feminicidio, que incluye los asesinatos de mujeres por su condición de mujeres.

Sostuvo que como está definido el feminicidio, supeditado a lo íntimo, en la iniciativa que acaban de aprobar los legisladores, se envía un mensaje negativo respecto a la autonomía física, económica y de toma de decisiones por parte de las mujeres, al interpretar que esa autonomía pierde valor dentro de una relación de pareja y, en consecuencia, el propósito de la paridad como sujetos pierde sentido.

Por otro lado, lamenta que en relación con la interrupción del embarazo, el nuevo Código Penal mantiene el mismo enfoque y consideraciones de la legislación penal vigente desde 1894, que penaliza a cualquier persona que interviene en esta práctica, incluyendo a la propia mujer que lo consienta.

«Este artículo evade la multiplicidad de situaciones en la que pudiera ser imprescindible practicar un aborto para proteger la vida y la salud de las mujeres», advirtió.