En reciente pronunciamiento el Senado de la República estableció, de manera formal y concluyente, que la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y Estados Unidos tendrá que conllevar la materialización por igual de medidas compensatorias para los medios de producción nacionales.

Para la casi totalidad de los señores integrantes de la Cámara Alta, el país no puede abrirse absolutamente en comercio si su agricultura, su pecuaria y su industria no tienen aquí mismo un tratamiento legal y fiscal que preserve la rentabilidad de sus operaciones.

Está claro que los diferentes sectores de la vida económica local, que hacen las veces de abastecedores internos de alimentos, bebidas, golosinas, medicamentos y una amplia gama de artículos quedarían –si se aprueba el CAFTA-RD sin complementos– ante la desventaja de que productores de renglones similares a los suyos llegarán a este mercado con el beneficio extra de una importante reducción o eliminación franca de aranceles.

En función de un nivel superior de desarrollo que podría existir en los otros países, como sería claramente el caso de Estados Unidos, muchas de las cosas que se importan podrían constituir una verdadera invasión de bienes de consumo a precios inferiores a los que aquí se originan. En algunos renglones supondría además mejor calidad.

La primera gran desigualdad que deberá eliminarse, atenuar o compensar para que el fabricante y el cultivador de fuera no esté en situación privilegiada respecto del nacional es convertir el fluido eléctrico en un insumo que cueste igual que el de los países socios, o que al menos se le aproxime.

En promedio, el kilovatio-hora dominicano cuesta dos veces más que en Centroamérica y es más caro que en Estados Unidos.

¿Y qué decir de las imperfecciones del sistema energético que tan rigurosamente obligan a que cada unidad productiva –de lo que sea, desde engordar pollos hasta fabricar cajas y envolturas– disponga de autonomía de generación, con plantas propias de costosa operación, sin las que no es posible sobrevivir a las interrupciones.

–II–

Existe aquí lo que es francamente impuesto por medio de cargas internas y aduanales, y lo que hay que gastar por que el Estado no cumple con lo elemental y que también pesa sobre la gestión productiva: ineficiencias de servicios y de procedimientos burocráticos lentos y gravosos, y el fracaso de políticas que son la razón principal para que la infraestructura eléctrica represente una calamidad pública.

Pero también existe el impuesto disfrazado como la comisión cambiaria (caso único en el mundo) que gravita sobre toda actividad fabril o no, y que sitúa a los productores dominicanos como los que más caras tienen que pagar las materias primas con componentes importados en el continente.

Incluso, y dicho sea de paso, algunas insuficiencias de mano de obra calificada constituyen un factor encarecedor de costos en este país, en el que la escasa inversión pública en educación, elemental y técnica, no cesa de causar daños.

No siempre las tecnologías nuevas que servirían para aumentar la eficiencia en el sector industrial ingresan a plenitud y conveniencia al medio dominicano, como ocurre bajo la mayoría de los Estados con los que vamos a integrarnos, con lo que se retardan las reingenierías que acrecentarían la productividad.

La integración ha de asumirse como un concepto amplio; igualdad de condiciones; que el fisco no penalice, que los regímenes fiscales no sean injustos ni aquí ni allá, y que nuestro único costo bajo no sea la mano de obra, esa en la que a veces se pretende que resida el mejor incentivo a la inversión extranjera.