EMMA VALOIS VIDAL
La mujer en la República Dominicana viene participando políticamente en los procesos vinculados al Estado desde el año 1942, momento histórico en el cual conquista el derecho al voto y el derecho a la ciudadanía. Anterior a esa fecha. Se mantenía en la marginalidad, y en un latente, y casi absoluta discriminación.

Aislada del poder real, estaba a su vez excluida del poder económico, e impedida de participar en gremios de obreras, en las élites de burócratas o lobbystas cercanos a los partidos políticos. Su capacidad negociadora a lo interno del Estado era nula. No eran consejeras del Rey, del jefe de Gobierno.

No obstante, hubo un grupo de mujeres en 1942 que a través de una obediencia al tirano de turno fueron nombradas diputadas y senadoras, concurriendo a las Cámaras Legislativas como una especie de cuota femenina para adornar las mesas de trabajo de la inercia de unos diputados genuflexos al dictador Trujillo.

Es sólo en 1966 cuando la mujer dominicana se integra a la política para equilibrar el poder, en unas circunstancias muy especiales, cuando se abren las compuertas de la democracia y de la participación de la mayoría en el proceso de modernización del aparato del Estado, y la incipiente burguesía da los primeros pasos para desarrollar la industria nacional basada en las zonas francas, la exportación de rubros no tradicionales como la bauxita, el oro y la plata, y se inicia la construcción de obras rurales como caminos vecinales, acueductos, escuelas, complejos habitacionales, etc.

En 1966 el presidente actuante, Joaquín Balaguer, a su llegada al gobierno, nombró en cada provincia de la República, en total veintiséis, a mujeres gobernadoras como representantes políticas directas del Poder Ejecutivo. Es luego de esta experiencia que el sesgo ideológico, sobre la capacidad o no de la mujer, empieza a declinar, ya que las posiciones ministeriales como Procuraduría General y Finanzas fueron, además -pasado cuatro años- confiadas a mujeres, así como el Ministerio de Educación, y una candidatura a la Vicepresidencia de la República.

Hoy en día nuestra población es de 8 millones 562 mil 541 dominicanos y dominicanas. Un 52.9% son personas del sexo femenino; rondando nuestra diáspora en el exterior en aproximadamente un millón de dominicanos dispersos en Estados Unidos, Europa y algunos países latinoamericanos, mayormente.

Hasta el pasado 16 de agosto, las mujeres dominicanas constituían en la Cámara de Diputados el 16%, y en el Senado el 6%. Desde el 17 de agosto, luego de instalarse los representantes electos por el voto directo y universal, las mujeres constituyen el 11.3% en la Cámara de Diputados, y el 6% en el Senado.

La cuota femenina actual -según establece la ley No. 13-2000- para los cargos congresuales y municipales es de un 33% para la mujer. Al conformarse como indiqué las Cámaras Legislativas producto de las pasadas elecciones del 16 de mayo del 2006, la participación política de la mujer es en términos proporcionales de un total irrisorio de un 9% de la cuota femenina, lo cual ha significado una drástica reducción de la misma, y una crisis en el crecimiento del poder político de la mujer.

Actualmente creo que las mujeres dominicanas estamos viviendo un evidente resurgimiento de una dirigencia política conservadora que impulsa una hegemonía del control estatal a través de negar o congelar las conquistas de las mujeres en la década del noventa, con el desconocimiento por parte del Estado dominicano, como Estado Parte, de los acuerdos alcanzados en las convenciones, entre otras, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer, y el más reciente acuerdo, de los Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas para el 2015, cuyo Objetivo 3 es Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer.

El proceso electoral del 2006, o elecciones de medio término, desde nuestro humilde punto de vista, fue traumático para la mujer política dominicana. A pesar de los esfuerzos del Foro de Mujeres de Partidos Políticos de la República Dominicana, a través de talleres de capacitación a las candidatas, pronunciamientos públicos, comunicados de prensa, reuniones a lo interno del Diálogo Nacional, la cúpula de los partidos tradicionales y de la experiencia acumulada por muchas mujeres políticas de tendencia democrática, liberal y pluralista, y del apoyo de frentes civiles como el movimiento cívico de Participación Ciudadana, se impuso en el proceso electoral el poder avasallante y aplastante del dinero, no las ideas ni los programas.

La gran mayoría, que son las enormes masas desarraigadas de nuestros pueblos, que viven la penuria de la falta de oportunidades, en zonas urbanas y sub-urbanas, y cuya supervivencia depende del discurso político de la erradicalización de la pobreza y de una política social paternalista, votaron inducidas no por una auténtica conciencia ciudadana sino por el caldo de la miseria que el poder económico corrompe. Por otro lado, los votantes de la clase media y media baja se plegaron al clientelismo político, y a la parafernalia de los escenarios creados por los medios de comunicación y la desmedida propaganda política.

Las mujeres candidatas de los tres partidos tradicionales, y de los emergentes, sufrieron la estocada bestial del dinero. Algunas pactaron con el adversario natural: otras se sumaron al carro del triunfo del jefe de su organización política; otras fueron aupadas por sus compañeros de partidos con más rango en la estructura dirigencial; otras emprendieron la hazaña -las más escasa- de tener la suficiente valentía de pelear su triunfo; y otras, las más, tuvieron el valor de perder con dignidad aún cuando tuvieran las pruebas de ser víctimas de un despojo de sus votos por el adversario del partido contrario: como es el caso nuestro.

Yo, particularmente, soy de la opinión de que no puede producirse la integración política y económica de la mujer dominicana, a la par de los procesos de cambios regionales, en específico de Centro América, si en nuestro país no se respeta nuestra dignidad como persona, y por ende, como sujeto político, como ciudadana.

En el presente la República Dominicana está frente a un nuevo escenario: el de impulsar una reforma a la Constitución de la República, al través de una Constituyente que asuma el rol de Asamblea Revisora de nuestra Carta Magna aprobada en 1844, y que ha sufrido más de veinte modificaciones.

Veremos ahora si es posible un equilibrio pactado de las fuerzas políticas, y si ese equilibrio abrirá las puertas a que pueda ponerse en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana y Centroamérica, a fin de estar más cerca, integrados económicamente por medio de un gran flujo de productos, bienes y servicios, y valores espirituales y culturales.

No obstante, insisto en expresar aquí, que necesitamos las dominicanas -con urgencia- avanzar a un nuevo estilo de participación política, para que nuestro futuro devenga en la justicia y la igualdad social.