Sus condiciones físico-motoras o alguna otra disminución de facultad pueden hacerlas parecer diferentes en la interacción social; pero sus derechos y dignidad las igualan a las demás personas. Es notorio, sin embargo, que los usos, convencionalismos y hasta algunas omisiones en las leyes funcionan como barreras contra los ciudadanos con discapacidad en República Dominicana, expuestos a espacios peatonales y acceso a edificaciones de servicios públicos y otros fines que pocas veces responden en sus diseños a la funcionalidad que requiere un sector muy numeroso ya de miembros de esta sociedad que por distintas causas carecen de plenitud en su capacidad de movimiento. Difícil es también su integración a labores productivas aun siendo aptos para puestos que por sus características no exigen más de lo que ellos pueden dar, basados en destrezas simples y conocimiento.
La negación de oportunidad debe ser conjurada con métodos de selección que desautoricen y sancionen la discriminación para puestos laborales. Con sentido de igualdad deben proporcionarse respuestas a las necesidades de educación, salud, y entretenimiento al ser humano como tal. Que el Estado garantice el acceso a desempeños de personas con discapacidad y demostrada preparación. Adaptar estructuras urbanas y textos normativos de la vida en común a la diversidad de habitantes debe ser un justiciero paso de civilización.

Sin perjuicios al estudiantado

La paralización de docencia ha sido herramienta de lucha en perjuicio exclusivo del estudiantado del sector público, y como se ha visto en estos días, el daño que causa es medible incluso en moneda contante y sonante. No se necesitan más de 20 días de negación del pan de la enseñanza para que miles de millones de pesos vayan a la nada.
Con el 4% del PBI para la educación ya logrado, reducir el tradicional déficit de labor en las aulas que ha afectado la calidad de la enseñanza debería ser un objetivo común de autoridades y maestros. Para la opinión pública lo más aceptable es la canalización ordenada de reclamos con protestas que respeten los horarios de clases para millones de niños y jóvenes cuyo derecho a la educación está garantizado constitucionalmente. Ellos constituyen la mayoría de primordial compromiso con el futuro.