Intentos reelección Uribe y violencia agitan Colombia

BOGOTA (AFP).- A un año de las elecciones presidenciales, Colombia vive una agitada polémica en torno a la suerte de la ley que podría permitir al presidente Alvaro Uribe competir por su reelección, sumada a denuncias de la oposición sobre falta de garantías y actos de intimidación de paramilitares y guerrillas.

   El concejo electoral fijó el 28 de mayo de 2006 para la primera vuelta presidencial, en la que Uribe podrá aspirar a la reelección, después de una reforma constitucional aprobada por el Congreso en diciembre.

   Sin embargo, esta enmienda aún debe ser validada por la Corte Constitucional, que tiene plazo para pronunciarse hasta noviembre, en un fallo que tiene en vilo a los otros posibles candidatos a la presidencia, en especial al interior del opositor (pero mayoritario) Partido Liberal.

   Hasta ahora la aspiración de Uribe cabalga en una alta popularidad en las encuestas, gracias a resultados contra la violencia como la disminución de homicidios y secuestros, pero acciones recientes de la guerrilla de las FARC y la incertidumbre que rodea las negociaciones de paz con paramilitares de derecha, podrían complicar el panorama.

   La guerrilla de las FARC atacó el miércoles un Concejo municipal en el sur de Colombia y dio muerte a seis políticos que participaban de un debate, mientras la oposición denuncia la falta de garantías.

   En tanto, un jefe paramilitar que participaba de las negociaciones de paz iniciadas hace dos años y acusado por la Fiscalía del asesinato de un diputado en la costa norte, conseguía hasta el viernes evadir una orden de capturarlo dada por Uribe, quien envío a más de 400 policías a perseguirlo.

   La oposición ha intentado sin éxito crear una alianza multipartidista para enfrentar a Uribe, quien muestra una aprobación cercana al 70% en las encuestas.

   Esa popularidad, sin embargo, no le sirvió a Uribe para convencer a comienzos de mayo, a los principales congresistas de la coalición que apoya al gobierno, de crear un partido propio.

   Así como tuvo que ceder en esta idea, Uribe también podría tener que modificar algunos aspectos de su política de mano dura contra los grupos violentos, que podrían desatar una ola de atentados preelectorales.

   “Este año va a ser particularmente duro porque los grupos ilegales desplegarán toda su capacidad intimidatoria para influir en los resultados”, advirtió el politólogo Fernando Giraldo de la universidad Sergio Arboleda.

    Mientras ello ocurre, Uribe tendrá que cuidar el frágil proceso de paz con los paramilitares, mientras hace frente a denuncias de que estos presionarán en sus zonas de influencia para que se vote a su favor.

   El ex presidente Andrés Pastrana (1998-2002) denunció que estos grupos “controlan 300 municipios (de los 1.050 que tiene Colombia) y no dan permisos para que se ejerza libremente el proselitismo en las áreas sobre la que ejercen su influencia”.

   “Hoy más que nunca tenemos que ver cómo enfrentamos la influencia de los ‘paras’ en la labor política, pues nada van a poder hacer los candidatos en las próximas elecciones”, agregó Pastrana desde España, donde reside después de dejar el gobierno.

   La oposición reclama también una ley de garantías, que limite la posibilidad del mandatario de usar recursos estatales para conseguir el favor de los electores.

   Este viernes el contralor (fiscalizador de los dineros públicos), Antonio Hernández, acusó al gobierno de hacer proselitismo con dinero de las cajas de compensación familiar, unos fondos constituidos por aportes de las empresas para beneficios de salud y recreación a sus trabajadores.

   Según Gamarra estos fondos “se están politizando en el peor sentido de la palabra, porque están siendo usadas por el gobierno para propósitos proselitistas”.

   Un comisión del Congreso aprobó el martes una ley de garantías para las elecciones de 2006, considerada insuficiente por el partido Liberal.

   La norma establece que todas las campañas serán financiadas en un 80% con recursos estatales y fija topes de los gastos de campaña, regula las donaciones y le restringe los actos públicos a los que puede asistir el presidente mientras aspira a la reelección.