Luego de confesar que la crisis sí nos afectará fuertemente, el Gobierno ha asumido una actitud plausible frente a los reclamos de la población. A la par con ello, la tendencia a pacificar las protestas que ha exhibido la población es una muestra de civismo de gran utilidad en estos tiempos en que la armonía social es un capital importante. El Presidente Leonel Fernández, que ha pedido a la población conservar la paz y el sosiego, aporta una buena cuota de lo que pide al encabezar los diálogos con las comunidades para conocer sus necesidades. Se acoge así a uno de los compromisos asumidos por el Gobierno en el gran diálogo.

La marcha pacífica efectuada el miércoles en la parte norte del Distrito Nacional demuestra que es posible protestar en paz y que la demanda no pierde consistencia por falta de violencia. Lástima que los seudo sindicatos del transporte no hayan asimilado esta verdad y prefieran la agresión y el chantaje para hacer sonar sus demandas de reivindicaciones. El país necesita pensar con frialdad las  estrategias que aplicará  para amortiguar el impacto que sobre nuestra  economía  tendrá  la crisis global. El Gobierno hace muy bien en escuchar “in situ” los reclamos de las comunidades, y hará algo mucho mejor si cumple las promesas de solución que haga a sus interlocutores. La interacción armoniosa entre gobernantes y gobernados es un capital importante en estos momentos.

No más cargas a la telefonía

Las telecomunicaciones representan uno de los sectores más pujantes de nuestra economía. Su desarrollo vertiginoso ha democratizado la telefonía, particularmente la móvil, y ha puesto a la población en contacto con las tecnologías más avanzadas en la materia. El sector constituye una fuente creciente de generación de empleos, directos e indirectos. En torno a este negocio se moviliza una economía importante, que aporta considerables sumas  a los ingresos fiscales.

Todo este avance de las comunicaciones se ha logrado a pesar de que es insoportable la carga fiscal sobre el sector. Ahora, sin medir las consecuencias, los ayuntamientos pretenden adicionar un 3% a esa presión tributaria sobre las telecomunicaciones. Sería caer en una duplicidad tributaria que podría ahuyentar nuevas inversiones de expansión. Aplicar un nuevo impuesto a un sector que de por sí está sobregravado sería un acto contraproducente.