Cada uno de los dominicanos tiene derecho a disfrutar de los bienes del Estado que pueden ser provistos por el Gobierno siempre que se apegue a lo que mandan las leyes y las normas éticas.

Por ejemplo, un programa oficial para beneficiar a los transportistas de pasajeros caería en esta acepción, siempre y cuando esté fundamentado en otorgar facilidades a los transportistas para la adquisición de vehículos que estarían obligados a pagar, aunque en cuotas cómodas y a bajísimo interés. Lo mismo sería aplicable a bienes raíces e inmuebles de propiedad estatal, si se respetaren las disposiciones legales y las normas éticas.

Ahora bien, es muy delicado que en plena campaña electoral el Gobierno haya puesto en marcha un plan para proveer motocicletas a cientos de miles de motoconchistas con la esperanza, expresada por uno de los portavoces del continuismo, de que los beneficiarios favorezcan con su voto los planes reeleccionistas. Hay una condicionante mal disimulada en esa «esperanza» de que los bienes del Estado que sean recibidos sean retribuídos con algo tan individual como la dignidad.

Ya antes la falta de ética de este plan había sido revelada públicamente durante un acto con cientos de motoconchistas que los ejecutivos del Plan Renove efectuaron en el Estadio Quisqueya. Allí se proclamó que la entrega de motocicletas estaba condicionada a que cada motoconchista colocara en su unidad la bandera del partido oficialista.

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Es cuestionable, también, que precisamente en campaña electoral el Gobierno condone las deudas de gente que ha adquirido inmuebles y bienes raíces del Estado, otorgados en venta condicional como parte de las políticas sociales oficiales.

En todo esto no sólo hay posible enajenación de propiedad pública, sino también envilecimiento de la dignidad de los beneficiarios, cuyo voto en pro de una causa política determinada es la condicionante para ser favorecidos por estos «programas sociales» de último momento. Hay en esta actitud mucho de lo que se criticaba al extinto líder reformista Joaquín Balaguer, cuando en sus reiteradas campañas reeleccionistas se valía de los bienes del Estado para lograr sus propósitos, estableciendo así un ejercicio del paternalismo alegre e irresponsable.

Ciertamente, el ejercicio de la política en la República Dominicana tiene que ser elevado a otros planos, sobre todo cuando la causa por la que un sector se lanza al ruedo es la continuidad en el poder desde el poder. El cambio cualitativo tiene que darse, no sólo porque hay en el actual estilo una competencia desleal para con los demás participantes en la puja, sino porque, además, se propone un intercambio que pisotea la dignidad del votante, sea motoconchista o adquiriente de bienes raíces e inmuebles.

Definitivamente hay que hacer una disección que ponga en sus correspondientes sitiales la campaña proselitista y lo que corresponde a las ejecutorias del Estado, con recursos del erario y para disfrute igualitario de todos los dominicanos.