Intercambios de disparos: el problema y la solución

Rafael Trujillo gobernó a República Dominicana durante 31 años (1930 1961) cometiendo toda clase de crímenes y abusos. Según sus intereses de cada momento, mató, robó, secuestró, deportó, encarceló y torturó a aquel que osara oponerse a su estilo de gobierno. Para apoyar tales propósitos, heredó de la primera invasión militar de Estados Unidos (1916 1924) unas fuerzas armadas que operarían como ejército de ocupación al tiempo que como maquinaria política. Al finalizar “La Era” con el ajusticiamiento físico del tirano, quedaron impunes los miembros de los cuerpos armados que habían servido para cometer aquellas violaciones a los más elementales derechos de la ciudadanía.

A la tiranía sucedió en 1962 un gobierno provisional colegiado, supuestamente democrático, hecho a imagen y semejanza de los deseos estadounidenses de la “guerra fría”. El Consejo de Estado heredó las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional dirigidas por jefes trujillistas, dadas sus convicciones y sus pasadas actuaciones represivas. Los asesinatos, deportaciones, apresamientos, robos al erario y torturas continuaron como si la tiranía no hubiera desaparecido. Ninguno de los siete miembros del Consejo de Estado trató de frenar la violencia oficial que se cometía a diario. Al callar, los militares, policías y socios de importancia del grupo gobernante asumían esa actitud pasiva como una aceptación del método represivo.

Juan Bosch asumió la Presidencia de la República el 27 de febrero de 1963 y fue derrocado por un golpe de Estado durante la madrugada del 25 de septiembre del mismo año. Aquellos fueron doscientos diez días en los que el gobierno de República Dominicana no patrocinó ni permitió persecuciones o asesinatos políticos. Asimismo, ningún ciudadano fue deportado o torturado por sus preferencias partidarias. Quedaba demostrado que con los mismos guardias y policías trujillistas, educados para el abuso y las violaciones a los derechos humanos, se podía hacer un gobierno decente y verdaderamente democrático. Para lograr ese propósito, el Estado tenía que ser gobernado por una persona que de verdad creyera y practicara en lo que es el respeto a la sociedad humana. Y Juan Bosch era uno de ellos.

El cuartelazo de factura norteamericana que derrocó a Bosch hizo que volvieran los crímenes, las torturas, las deportaciones y las violaciones aún antes de que saliera el sol del 25 de septiembre de 1963. Como por arte de magia la sangre volvía a correr y la Constitución de la República era desconocida por los golpistas para asumir los irracionales términos de “la guerra fría”. Pero el pueblo había saboreado brevemente las mieles de la verdadera democracia y resistió a los títeres gobernantes aunque tuvo que pagar un precio muy alto con la sangre de sus mejores ciudadanos.

Diecinueve meses después del golpe de Estado, otra ocupación militar norteamericana frustró la vuelta a la constitucionalidad y la democracia. A partir de la violación a la soberanía, los gobernantes de turno volvieron a darle vigencia a su patente de corso. Organizaron grupos paramilitares y utilizaron a las Fuerzas Armadas y la Policía como instrumentos de represión política. Unos más y otros menos, pero la práctica de usar la extrema violencia con fines políticos volvió a enraizarse entre los que han administrado el Estado dominicano desde entonces. La impunidad para los sicarios siempre ha estado garantizada.

En los años recientes, la violencia oficial ha generado nuevas formas y estilos. Ahora son los intercambios de disparos reportados por los agentes policiales el método preferido para, supuestamente, combatir la delincuencia. Centenares de ciudadanos caen abatidos cada año por las armas de agentes policiales y nunca han sido debidamente castigados. El “establishment” ha otorgado a los policías el papel de Dios para decidir quien vive y quien muere. Sólo que el núcleo real del delito está empotrado dentro de los organismos que debían sostener el orden público.

El procedimiento de eliminación selectiva ha sido aceptado por las más altas instancias de cada gobierno y sólo podría detenerse si esa voluntad política se modificara en sentido contrario al que actualmente rige. Cuando el Presidente de la República se ocupe de sancionar severamente las ejecuciones sumarias a las que nos tiene acostumbrados la policía, a partir de ese día podremos vivir tranquilos en este país. Hasta que eso no ocurra, el primer mandatario de la Constitución de la República seguirá siendo cómplice por omisión de los centenares de muertos a mansalva que tienen lugar cada año porque su pasividad es interpretada por los sicarios oficiales como aceptación del procedimiento represivo. Y no digan que es imposible porque Juan Bosch fue capaz de hacerlo en medio de “la guerra fría”, cuando la situación mundial era más complicada que ahora.