Por sobre otras consideraciones, voces de la zona fronteriza defienden a capa y espada  las exenciones fiscales  que en años recientes  propiciaron la instalación allí de fuentes de trabajo. Pero ha llegado el momento (como dispone una reciente ley ) de revisar esos incentivos. De medir sus resultados sin olvidar los   efectos secundarios, puesto que importantes capitales nacionales  se han quejado de que el tratamiento especial les origina  una competencia desleal. Sus productos se enfrentan desfavorablemente  en el mercado  a los similares  que llegan desde una  “lejanía”    que no tiene  importante significación para los fines de costos. Sería contraproducente que el marco regulatorio que dio fundamento a la creación de industrias en provincias limítrofes perjudique demasiado a las que de viejo han existido en el resto del país. La conservación de las fuentes de trabajo pre-existentes  a nivel nacional no puede ser  lo menos importante.

 Habría que ver también si el sacrificio fiscal para la nación como un todo ha dado los frutos que correspondan a la magnitud del incentivo. Si la sal cuesta más que el chivo, las exenciones deberían ser llevadas al nivel de mérito de las nuevas inversiones fronterizas. Además el Estado  debe proteger la producción  privada nacional contra la posibilidad de que por privilegios aduanales  que superen las reales necesidades  fabriles en la frontera  se propicie un ingreso irregular de importaciones.

Fuerte  rechazo a una “salida”

La decisión oficial de obviar judicialmente la apropiación ilegal  de terrenos junto a la bahía de las Águilas para luego impulsar el desarrollo turístico en la zona ha sido vista ampliamente como un inmerecido perdón a personas que años atrás fueron consideradas usurpadoras por medio del engaño  de un patrimonio público.  El que ahora el Estado negocie y se proponga beneficiar a poseedores de títulos inaceptables jurídicamente ha escandalizado a quienes  entienden que se trata de una  concesión graciosa. El interés de apresurarse en vez de esperar un desenlace judicial  ha debido conducirse por un camino de respeto al patrimonio nacional  que como primer paso preserve esos  bienes   como propiedad inalienable  del Estado, irrecuperable para todo presunto dueño privado actual aunque prosiga el litigio hasta que algún día un tribunal decida si las  dudosas pretensiones  de particulares son dignas de alguna  indemnización.