La jueza interina de la provincia La Altagracía Patricia Padilla dispuso la libertad inmediata de tres de los cuatro vinculados a la red que habría estafado con más de mil millones de pesos a personas y empresas de esa demarcación, con la falsificación de certificados de propiedad.

Adoptó la decisión tras acoger un recurso de Habeas Corpus presentado por los abogados Manuel de Jesús Pérez Vólquez y Joaquín Benezario en representación de Remberto José Durán, Eulogia Rodríguez y Reynaldo Melo Santana bajo el alegato de que estaban presos de manera irregular.

Basaron su recurso en que el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, Alejandro Vargas, pronunció una sentencia ‘in voce’ el pasado viernes en la que otorgó un plazo de 48 horas para que a los detenidos les fuera conocida la medida en Higüey y el Ministerio Público no  cumplió con ello.

La decisión de Vargas se produce a pesar de que a otro de los implicados, Santiago Brito Guzmán, se le conoció medida en el Distrito Nacional y fue enviado a la cárcel de Najayo.

Cuestionan plazos. El Ministerio Público se quejó en la vista de que se alegara vencimiento de plazo, debido a que, aunque la decisión de Atención Permanente en el Distrito Nacional se pronunció el viernes a las 10:00 de la noche, no fue hasta el domingo a las 9:00 de la noche cuando fue notificada al fiscal actuante.

  La decisión de Atención Permanente que envió el caso a Higüey fue recurrida el apelación el pasado lunes, pero aún no ha sido remitida a la Corte.

La clave

1. Acusación

El expediente  explica que Guzmán Brito se hacía pasar por el “licenciado Félix Gil Morales” (fallecido en 1994), para vender los terrenos. Está acusado junto a Eulogia Melo, Remberto Durán y Santiago Brito de alteración de documentos y usurpación.

 2.   Interina

Padilla sustituyó a la titular, magistrada Ramona Rodríguez, a la que ligan a uno de los abogados defensores