El Ministerio de Interior y Policía calificó hoy como «un exceso que vulnera el orden público», la instalación de una campamento durante cinco días y diez horas, en una zona donde además de la Procuraduría Generala de la República, está también el Congreso, la Suprema Corte de Justicia y otras instituciones que verían afectadas sus actividades.

La institución se refirió al tema a propósito del incidente en que miembros de la Policía Nacional agredieron con bombas y de manera física un grupo de jóvenes que pretendía colocar una carpa, en espere que de la Procuraduría revele los nombres de los implicados en el caso Odebrecht. Lo mismo le sucedió a una comisión de diputados que asistió al lugar.

En un comunicado, Interior y Policía aclaró que no se ha violentado derecho alguno de ningún grupo o conglomerado, al tiempo que indicó que las protestas pacíficas deben realizarse dentro del marco del respeto a la Constitución de la República y las leyes, «sin violentar el derecho de los demás, el libre tránsito y el desenvolvimiento normal de las instituciones».

Señaló que la instalación de la carpa como tenían planificado grupos de protesta “evidentemente habría afectado el tránsito normal de una avenida principal como la Jiménez Moya, así como el desenvolvimiento de los usuarios y funcionarios de la Procuraduría General de la República y de las múltiples instituciones oficiales que se encuentran en los alrededores de la Feria”.

Asimismo, resaltó que esa actividad habría trastornado también el orden y el derecho que a su vez tienen los demás ciudadanos de transitar por la vía pública sin mayores riesgos ni limitaciones.

“El derecho constitucional en las protestas pacíficas por parte de cualquier ciudadano u organizaciones públicas, cívicas, religiosas y obreras es debidamente protegido por las instituciones gubernamentales cuando cumplan con el marco reglamentario correspondiente”, manifestó.

Sin embargo, dejo claro que estas protestas siempre deben respetar el derecho de los demás ciudadanos transeúntes y las normas de convivencia civilizada.

“Muestra de ello son los múltiples actos que diariamente se desarrollan en todo el país organizados por diversos grupos sociales, con los cuales oportunamente se coordina dicha protección estatal para evitar o minimizar los trastornos que se puedan generar durante o con motivo de la actividad”, reseña el comunicado.