La oposición política ha venido coincidiendo en una serie de reclamos. Algunos han hablado de «bloque opositor», pero para que sea «bloque» se necesitarían acuerdos sobre cuestiones cruciales que no existen y que son difíciles de concretar. A pesar de esto, esos reclamos de las fuerzas opositoras no pueden minimizarse: de no asegurarse ciertos objetivos básicos, la lucha política electoral, democrática y pacífica será imposible. O en todo caso no pasará de ser pantomima, farsa legitimadora de imposiciones.
Y es que el retroceso sufrido por el sistema constitucional, partidario y electoral es enorme. La responsabilidad del desastre puede atribuirse a las clases dirigentes, pero es innegable que recae principalmente en los políticos. Cambiamos la Constitución formal en el 2010 después de amplias consultas, pero paradójicamente se reforzó la Constitución real, es decir, los valores, actitudes y creencias del sistema clientelista y populista, y su alianza de hierro con los negocios rentistas. Y de ahí a seguir concentrando más poder y riqueza en manos de las oligarquías solo hay unos cuantos pasos expeditos. Eso explica porqué acabando de transcurrir un proceso electoral ya se está ambientando una nueva reelección del Presidente como hecho ineluctable.
Las fuerzas opositoras se han visto precisadas a demandar objetivos que el solo plantearlos debería darnos vergüenza a todos: que los órganos arbitrales y técnicos sean equilibrados, apartidistas y confiables; y que, además, se termine de adoptar por consenso una legislación de partidos, electoral y de garantías que refleje los mandatos de la Constitución aprobada hace casi siete años.
Pero apenas iniciada la discusión de esa agenda puntual y urgente, surge otro desafío con profundas implicaciones, que no ha merecido atención alguna de los actores políticos y de sociedad civil, que en cambio están distraídos en los brotes de división partidaria o de proyectos presidenciales anticipados, para alegría de los continuistas.
Nos referimos al discreto anuncio de INDOTEL de que dentro del concepto de República Digital se tienen planes de instalar cinco mil puntos de Internet WI-FI gratuitos en el territorio nacional.
El Estado dominicano debe tener una política de acceso al Internet que debe ser asumido como bien público de carácter universal, nunca para un esquema de clientelismo cibernético, que por demás, si nos atenemos a los ensayos anteriores, apunta a ser oneroso, inoperante y poco trasparente. Tampoco debería ser instrumento de manipulación antidemocrática.
Ojalá se abra una discusión constructiva en torno a este asunto, que involucre a Gobierno y oposición, así como a fuerzas vitales de la nación. El Internet debe estar al servicio de la democracia y el progreso, y no debe otorgarse como favor, debe garantizarse como derecho.