La directora de la Defensoría Pública, Laura Hernández Román, expresó su preocupación porque ningún Centro de Corrección y Rehabilitación o cárcel del país cuenta con un espacio para los internos con discapacidad mental, condición que dijo, padecen alrededor de 180 privados de libertad, de acuerdo a un levantamiento hecho por técnicos de la institución.
Informó que han enfocado sus esfuerzos en ese grupo de internos porque es el que presenta múltiples condiciones de vulnerabilidad, debido a la situación transversal de la privación de libertad con las diversas circunstancias de insalubridad en que viven, y la edad, en algunos casos.
La funcionaria resaltó que además de que el Estado no brinda el servicio de salud mental con internamiento de largo tiempo para las personas que están sujetas a un proceso penal, tampoco cuenta con un lugar especializado para el cumplimiento de una medida de seguridad de esa naturaleza.
“Existe el Centro de Rehabilitación Psicosocial Padre Billini, diseñado para el ingreso de personas que no provengan de un caso penal, y con criterios de admisión excluyente de las personas envejecientes que no tengan apoyo familiar, que tengan un diagnóstico siquiátrico en estado crónico y responda de manera favorable a los medicamentos que le han sido aplicados, entre otros”, dijo Hernández Román.
Refirió que de un total de 207 psiquiatras que de acuerdo a la Sociedad Dominicana de Psiquiatría hay en el país, solo siete prestan servicios en el sistema penitenciario: dos en la Penitenciaria de La Victoria, y 5 en el nuevo modelo de gestión, estos últimos con horarios de asistencia de una y dos veces por semana. A nivel nacional tienen 17 sicólogos.
Objetivo del trabajo. Hernández Román dijo que el levantamiento en las cárceles se hizo para determinar la condición de salud mental de los privados de libertad; identificar a los que puedan aplicar para el servicio de salud del Estado; gestionar medicamentos para su tratamiento; identificar el espacio físico y el personal médico adecuados para su manejo, atención y tratamiento.
Hernández Román expuso el tema ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la Organización de Estados Americanos (OEA), como coordinadora del Caribe en la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF).