Mientras el PRM maniobra en el Congreso Nacional para boicotear la interpelación del Director de la Policía Nacional, que la pasada semana desatendió una invitación de la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados para que explique las circunstancias en que fallecieron tres jóvenes que se encontraban bajo custodia policial, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) advierte que su negativa a rendir cuentas viola la Constitución de la República.

Según Servio Tulio Castaños Guzmán, su Vicepresidente Ejecutivo, cuando un ciudadano es detenido está bajo la responsabilidad de la Policía, razón por la cual su Director está en la obligación de rendir cuentas a la sociedad de las muertes y maltratos que se producen en esos recintos.

Nadie osaría rebatir tan impecable razonamiento, mucho menos quien diga creer, aunque sea tan solo de la boca para fuera, en la democracia y sus instituciones, pues así es como deberían ser las cosas aun en la versión tropicalizada que hemos ido construyendo a nuestra imagen y semejanza.

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Donde con demasiada frecuencia, y eso no debemos perderlo de vista, la distancia entre lo que debería ser y la realidad de todos los días es tan grande que resulta insalvable, como bien sabe Servio Tulio, quien tampoco ignora que la principal responsable de que así estén las cosas es la politiquería.

O mejor dicho; los políticos que prefieren, y para eso trabajan, una democracia y una Constitución hechas a la medida de sus intereses y necesidades.

Está claro que el mayor general Eduardo Alberto Then debería comparecer ante los legisladores a rendir cuentas, pero no es verdad que el gobierno le va a regalar una victoria a la oposición que promueve esa interpelación con más gadejo político que deseos de conocer la verdad sobre lo sucedido, como no lo hizo el PLD (Alfredo Pacheco calculó el otro día más de 30 intentos fallidos) cuando al que se quería interpelar era a su Director de la Policía.