Hoy 
POR TANIA HIDALGO
El ex secretario de Industria y Comercio, Ángel Lockward, implicado en un desfalco de 200 millones de pesos en la distribución de cupones utilizados para el subsidio del Gas Licuado de Petróleo (GLP) fue interrogado ayer en torno al caso por la jueza del Segundo Juzgado Liquidador del Distrito Nacional, Clara Almonte.
El ex funcionario, al ser abordado por los periodistas a su salida del tribunal, aseguró que es inocente de los hechos que se le imputan y que la auditoría en la cual se detectaron supuestas irregularidades es una vagamundería.
Se mostró confiado en que tanto él como los demás involucrados en el caso serán descargados de toda responsabilidad penal.
En torno al caso, la jueza también interrogó a Altagracia Rodríguez.
El tribunal fue apoderado de la pieza por la oficina coordinadora de los Juzgados de la Instrucción, para que realice la sumaria correspondiente con el viejo Código, en su condición de juez liquidador.
Almonte fue apoderada del expediente, tras la Suprema Corte de Justicia declinarlo ante la jurisdicción de derecho común, ya que Lockward no tiene jurisdicción privilegiada, contrario al diputado del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) por Barahona, Noé Sterling Vásquez, quien fue favorecido con un auto de no ha lugar por no existir indicios claros y precisos para enviarlo por ante un tribunal criminal.
En torno al caso fueron sometidos a la justicia además Altagracia Milagros Rodríguez Reynoso, Manuel Manzanillo Liriano, Lenín Almonte Tavárez y Ángel Lázaro.
También Rosa Eduviges Aybar, José Antonio Bello Díaz, Plinio Antonio Ramírez Mejía, capitán de corbeta de la Marina de Guerra; Nelson Castillo Paulino, Enrique Julio Isidro Medina, Carmen Rosa Hernández Abreu, Ismael Antonio Díaz Báez, Moisés Benigno Villar Acosta, Ángel María Fernández Pérez, Alfredo González Pérez, Ángel de los Santos Alcántara, Rafael Capellán y Franklin Valdez.
Asimismo, Aida Ondina Rodríguez, Enércido Herrera, Alcedo López, Valoy Mancebo Liriano, Mario Campos Mosquea, Mario Alberto Campos Rosario, Felipe Antonio Badía Parallón, Miguelina Sánchez, Domingo Enrique Baret, Antonio Melo Muñoz, Pedro Juan Emilio Díaz Ramos y Ángel Ortiz, entre otros.
El grupo está acusado de violar el artículo 102 de la Constitución y los artículos 166, 170, 171, 172, 174, 265 y 405 del Código Penal.
