POR DIEGO PESQUEIRA
Investigadores de la Procuraduría General de la República interrogaron ayer a dos funcionarios de la Dirección General de Migración, que alegadamente servían de contactos para permitir la salida del país a supuestas  esposas e hijos de regidores. También, autoridades judiciales dictaron orden de arresto contra  Adolfina Boció Montero, regidora  del municipio de Hondo Valle, Elías Piña.

En tanto que fuentes judiciales dan cuenta de que en las próximas horas serán interrogados  varios funcionarios del  departamento de Pasaportes de la Cancillería.

Empero, los nombres de los funcionarios de Migración implicados en el caso de los regidores, no fueron suministrados por las autoridades.

Se explicó que el requerimiento de ambos funcionarios fue hecho por el procurador general, Francisco Domínguez Brito, quien envió un oficio al director de Migración, Carlos Amarante Baret.

El Departamento de Trata y Tráfico de Personas realizó los interrogatorios, los cuales se extendieron por varias horas.

Se confió en la Procuraduría General que Amarante Baret pidió que las investigaciones sean profundizadas y que se someta a cualquier persona que resulte implicada en el organismo a su cargo.

En torno al caso, se ha podido establecer que a partir de agosto del 2004 la expedición de pasaportes se incrementó en esa institución estatal.

La provincia de Azua se ha convertido de la noche a la mañana en un semillero de familiares de regidores que gestionaban documentos para viajar al extranjero.

Del total de 800 pasaportes en poder de la Procuraduría General, 236 corresponden a personas oriundas de Azua, las cuales son investigadas.

En torno a la regidora de Hondo Valle, legalmente casada, se explicó que habría sido “casada” irregularmente con Edison Muñoz Soto, quien se encuentra en España.

Asimismo, que la visa de Muñoz Soto habría sido gestionada por el ex subsecretario técnico de la Liga Municipal (LMD), Amauris Guzmán.