Interrogantes sobre la calidad en servicios de salud. En función de leyes especializadas, los centros médicos públicos y privados solo deben recibir enfermos si está certificada la profesionalidad asistencial y administrativa del personal a cargo y comprobado el buen estado y suficiencia de las instalaciones y equipos.

En los hechos, oficialmente admitido, una mayoría de los establecimientos sanitarios del país -con una parte de ellos sin estar siquiera registrados- escapa a la supervisión que garantice la idoneidad imprescindible para resguardar salud y vida de pacientes.

Aun cuando se entendiera que la mayoría de los facultativos y directores de hospitales y clínicas conocen a conciencia las obligaciones de sus desempeños y compromisos éticos, situaciones de contexto fuera de sus alcances podrían estar degradando las atenciones que prestan y sale a la luz con frecuencia.

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Sobre ellos pueden gravitar, al margen de sus mejores intenciones, una deficiente reposición de material sanitario, de reparación o sustitución de los instrumentos que deben hacer posible su labor; y que limitaciones presupuestales les hagan carecer de medios y auxiliares.

Los hospitales estatales sometidos a reparaciones lentas que interfieren con los servicios o agredidos por entornos bulliciosos y sin higiene por negligencia de autoridades municipales, no lograrían credenciales de calidad y el Gobierno debe ocuparse de que el órgano que fiscaliza disponga de los técnicos que hagan posible estudiar cada realidad de los centros médicos.