CARACAS (EFE).- Un gobierno regional venezolano, con ayuda militar y policial, concretó hoy la primera intervención de un terreno de propiedad privada en el país como parte la «guerra contra el latifundio» que impulsa el presidente Hugo Chávez.

La intervención del hato El Charcote, en el estado occidental de Cojedes y propiedad de la empresa Agroflora C.A., subsidiaria del grupo británico Vestey, fue ordenada por el gobierno regional que dirige el oficialista Johnny Yánez.

«Este es un acto histórico, de justicia social, revestido de total legalidad. No vinimos a expropiar, sino a poner orden», declaró Yánez a los periodistas congregados en El Charcote al dar inicio a la intervención del hato, que ser llevó a cabo con apoyo de la Guardia Nacional y la policía del estado de Cojedes.

Aseguró que es «irreversible el proceso de ordenamiento de las tierras en Cojedes», que incluye la intervención de una veintena de propiedades privadas en los próximo 90 días, y que no pretende «arrollar» el derecho de la propiedad privada, sino «acabar con la anarquía y dar espacios al que lo necesita».

«Si no hay latifundio» en las tierras que serán intervenidas, los propietarios «tendrá garantías de seguridad y todo el apoyo del gobierno para desarrollar la productividad», afirmó Yánez.

La Ley de Tierras vigente define como latifundio a aquellos terrenos de más de 5.000 hectáreas ociosas.

El Charcote, con una extensión de 12.790 hectáreas, es propiedad de la familia Vestey desde 1903 y se dedica a la ganadería, aunque ha tenido problemas de invasiones desde hace varios años.

El gobierno de Cojedes asegura que «3.500 hectáreas del hato El Charcote son del Estado, y una parte de este lote está invadida y otra es productiva».

«El Charcote ha tenido problemas de invasiones» reconoció Yánez, que aseguró que sacará a los invasores si se comprueba que los terrenos pertenecen a Agroflora C.A.

El campesino José Pimentel, que se identificó ante la prensa como líder de los invasores de El Charcote, rechazó el proceso de «intervención» ordenado por Yánez y advirtió que «defenderán» su permanencia en el lugar.

Por su parte, la representante de Agroflora C.A, Diana Do Santos, entregó al gobernador documentos que «demuestran» la titularidad de la empresa sobre El Charcote y manifestó su esperanza de que Yánez sea «el arbitro imparcial que necesitamos».

Con música típica llanera como telón de fondo, efectivos de la Guardia Nacional (GN-policía militarizada) y de la policía regional tomaron el hato para custodiar el trabajo de una «comisión técnica» que durante una semana «fiscalizará» El Charcote.

Yánez dijo que hoy se cumplió la primera parte de la intervención con la instalación de las comisiones técnicas que harán estudios de suelo, definirán las áreas productivas y determinarán los linderos del hato.

La intervención de El Charcote ocurrió en vísperas de un «decreto presidencial de tenencia de tierras» que se espera sea emitido por Chávez el próximo lunes en un acto con campesinos en Caracas.

El ministro de Agricultura, Arnoldo Márquez, dijo que el decreto presidencial permitirá aprobar un «reglamento» que acelerará la repartición de terrenos ociosos entre campesinos.

Chávez reiteró en diciembre pasado que erradicará los latifundios «sin atropellar y respetando los derechos de los que tengan tierras».

El gremio de ganaderos Fedenaga rechazó ayer, viernes, los decretos de intervención de tierras y pidió a Chávez «rectificar» su política contra el latifundismo.

«Este no es el camino correcto. Si se quiere eliminar la propiedad y la institucionalidad, significará la pérdida de la paz», dijo el presidente de Fedenaga, José Luis Betancourt.

La expropiación de tierras ociosas es un tema controvertido en Venezuela, y es uno de los argumentos que usa la oposición para calificar a Chávez de «castro-comunista» y «dictador».

La aprobación por decreto presidencial de la polémica Ley de Tierras propició en diciembre de 2001 la primera de una serie de huelgas patronales y sindicales que agitaron la crisis política en el país, cuyo punto álgido se registró en abril de 2002 con el golpe de Estado que derrocó a Chávez durante 48 horas.