CARACAS (EFE).- La oposición venezolana intensificó ayer sus ataques al Gobierno por violaciones de los Derechos Humanos, mientras decide si participará o no en la fase de revisión de firmas dudosas en su afán de someter a referendo el mandato de Hugo Chávez.

La alianza opositora Coordinadora Democrática añadió en las últimas horas un muerto y ocho desaparecidos a su balance sobre la violencia desatada entre el 27 de febrero y el 6 de marzo pasados en torno a esas firmas, que hasta ahora reportaba once muertos, 1.750 heridos -entre ellos nueve torturados- y 410 «presos políticos».

Las autoridades han dicho que investigan todos los casos, pero según sus cifras fueron nueve las víctimas mortales por arma de fuego, 110 los heridos y 30 los detenidos «por delitos comunes», y han culpado de la violencia a «subversivos armados» de la oposición.

Ambos sectores anunciaron que se denunciarán mutuamente ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Parlamento Europeo.

Mientras prepara los expedientes para ello, la Coordinadora debate su posición ante la fase de revisión de firmas dudosas en demanda del referendo, y ya rechazó «por inmoral» lo que llamó «ultimátum» del Poder Electoral para que lo haga esta misma semana.

Así lo expresó en un comunicado leído por el dirigente Luis Trincado, que recalcó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) aplazó en cinco ocasiones la entrega de la base de datos en la que se basó para anunciar que únicamente ha validado 1,8 millones de firmas de los 2,4 millones (20 por ciento del electorado nacional) requeridos como mínimo para convocar el referendo presidencial.

El CNE aún tienen pendiente una fase de anulación o confirmación directa por parte de la ciudadanía de unas 800.000 firmas dudosas que deben ser sometida a lo que llama «reparos», sobre la cual la oposición debe anunciar una posición.

El comunicado de la Coordinadora advierte que la ciudadanía «antichavista» debe prepararse «para enfrentar y ganar una lucha que puede no ser corta», y que «ya logramos un primer éxito al dejar en evidencia al Gobierno en su intento de obstruir una salida electoral y al pillarlo ‘in fraganti’ en su arrebato represivo».

«Ahora debemos -agrega- dotarnos de los recursos y la metodología de lucha necesaria para hacer bien lo que hay que hacer, durante el tiempo que sea necesario», y exhorta a la comunidad, sin ofrecer detalles, «a seguir constituyendo redes ciudadanas por el referendo, que serán los núcleos comunitarios de la resistencia pacífica».

La base de datos del CNE le fue entregada a la Coordinadora el pasado domingo, de forma «incompleta» y «desordenada», pero pese a ello «avanza en forma acelerada» el cruce de esas cifras con las de la oposición, añade el comunicado.

«Es tal la incoherencia -alerta- que las cifras no sólo no coinciden con las de la oposición, sino que ni siquiera con las dadas anteriormente por Francisco Carrasquero», presidente del CNE.

A manera de ejemplo, dice que la Coordinadora le entregó al CNE 387.429 plantillas (cada una con un máximo de diez firmas), pero que Carrasquero sostuvo que recibió 388.108 y la base de datos del organismo electoral registra únicamente 381.205.

Con ello, la Coordinadora advirtió que participará en diálogos o negociaciones «que tengan como resultado el cumplimiento del mandato soberano» de realizar el referendo, así como trabajar con la OEA y el Centro Carter en construir una modalidad de reparos que sea legal y viable», aunque para ello también optó por buscar amparo judicial.

Varios líderes de la Coordinadora acudieron el martes a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la fase de «reparos», en busca de que esa instancia de por buenas las firmas en duda.

«La escogida instancia (del TSJ) es la única que puede conocer la nulidad de los actos de naturaleza electoral emanados del CNE», dice el escrito judicial, que exhorta a los jueces a actuar con urgencia.