Hoy 
El ministro de Educación, Melanio Paredes, baraja una hipótesis muy preocupante entre las posibles causas de las intoxicaciones de estudiantes con el desayuno escolar. La posibilidad de sabotaje como parte de un conflicto entre ganaderos e importadores, es un elemento que hay que investigar hasta las últimas consecuencias, sin incurrir en indulgencia para encubrir nombres o apellidos sonoros.
Desde luego, esa posibilidad aterradora, que de ser comprobada implicaría un crimen horrendo, no debe hacer que se descarten de entre las probables causas, factores de calidad de producción e higiene en la manipulación de los alimentos que se sirve de desayuno en los planteles públicos. Estamos hablando de que en poco tiempo 74 escolares se han intoxicado con el desayuno escolar en Bonao, Nagua y La Vega.
El ministro Paredes ha prometido medidas enérgicas en relación con estos sucesos y así deberá hacerlo. Los estudiantes, mayormente niños, no pueden seguir a merced de una pugna comercial, si fuere el caso, o de pobreza en la calidad e higiene de los alimentos. Hay que indagar minuciosamente cada posible causa de estas intoxicaciones y sancionar con toda la fuerza que permita la ley cualquier responsabilidad. Y mejorar, cuanto antes, los controles de calidad y manipulación del desayuno.
Falta de transparencia
La Ley de Compra, Contratación y Servicio tiene pautas muy claras, difíciles de confundir en el contexto del uso y manejo de los recursos del erario. Aún así, esa ley es permanentemente violada. El doctor Marino Vinicio Castillo, presidente de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, aboga por mejorar los controles en las compras del Estado y la presidenta de la Cámara de Cuentas, Licelot Marte de Barrios, confirma que la mayoría de las auditorías hechas por ese organismo han detectado deficiencias en la aplicación de la ley.
La falta de transparencia en el manejo de recursos del Estado es un atentado contra la ética y, en numerosos casos, una manera de encubrir operaciones irregulares y hasta pecaminosas. No hay otra explicación para esta inobservancia de una ley que, precisamente, busca preservar la diafanidad en la administración pública. Los Estados que no hacen valer sus propias reglas pagan muy caro las consecuencias.
