Hoy 
J. ADARBERTO MARTÍNEZ
La inclusión del 4.0% del Producto Interno Bruto (PIB) o el 16.0% del gasto total del gobierno, el que fuere mayor, en la Ley de Educación 66-97, ha provocado que importantes sectores de la vida nacional eleven reclamos en tal sentido.
Quienes en la década de 1990 se constituyeron en promotores de la proyectada ley, tenían la clara determinación de ejercer presión y obligar al presidente Balaguer a entregar más recursos para la educación, pero su modelo de ejercicio gubernamental combinado con la escasez de recursos económicos, provocó que el gobierno del Partido Reformista Social Cristiano no obtemperara ante dicho reclamo, como tampoco lo hicieron los gobiernos sucesivos del Partido de la Liberación Dominicana y del Partido Revolucionario Dominicano, no obstante su convencimiento expresado por medio de sus representantes, quienes figuraron entre los principales promotores del proyecto posteriormente convertido en ley.
La baja inversión pública en educación ha sido una constante en la República Dominicana, y forma parte de la cultura del financiamiento público de la educación en el país.
El equipo de consultores y técnicos responsables de la redacción final del Plan Decenal de Educación (PDE) 2008-2018, conocedores cabales de la historia del financiamiento público de la educación, y habiendo participado algunos de ellos en la promoción de la referida ley, prefirieron un camino más pragmático, desarrollaron un ejercicio de racionalidad gerencial. Identificaron las necesidades del sistema educativo, proyectaron año por año la demanda y definieron hasta el último centavo necesario, encontrando que dentro de tres o cuatro año ni el 4.0% del PIB ni el 16% del gasto total del gobierno serán suficientes para satisfacer las necesidades educativas de la población dominicana, optando por el camino de la gradualidad hasta el 2018 cuando se requerirá el 5.28% del PIB y alrededor del 27.0% del presupuesto de gastos del gobierno.
Pero esta estrategia no ha resultado satisfactoria para buena parte de los grupos y sectores relacionados con la educación, que prefieren asumir la racionalidad de la ley, independientemente de que históricamente ningún gobierno le ha hecho caso. Los economistas formuladores del PDE han preguntado por la capacidad que tendría la cartera educativa de un año para otro para gastar el doble de lo que recibe actualmente, ¿cómo y en qué lo gastaría? Hasta ahora a la Secretaría de Educación le ha resultado difícil gastar la asignación presupuestaria relativamente baja que históricamente ha recibido, independientemente de cierta mejora observada en determinados períodos.
La República Dominicana ha sido incluida en el último Informe de Educación Para Todos (EPT) de la UNESCO entre los países de más baja inversión promedio en América Latina, junto con Jamaica, Guatemala, Panamá y Uruguay. Según mi parecer, se impone reorientar el debate sobre el tema de la inversión educativa, a fin de determinar cuál sería el argumento más racional e inteligente, la proporción consignada en la ley o la proyección de las necesidades que representan de año en año las demandas del sistema educativo.
Por ejemplo, se requerirían alrededor de 5,000 nuevos profesores bien preparados cada año, cumplidores, comprometidos con el desarrollo de su país, verdaderos líderes educacionales. ¿Es posible tenerlos en breve plazo? ¿Qué se haría con el dinero si estuviera disponible? De igual modo, el déficit de aulas se ha proyectado y estimado en 15,000, ¿podemos tener 15,000 nuevas aulas de un año para otro? ¿Alguna vez se ha intentado? Se sabe que mediante el desarrollo de acciones extraordinarias las actuales autoridades han establecido un récord al construir 3,731 aulas nuevas, después de haber sido de tan sólo 391 en el cuatrienio anterior. Aún así, se trata de un paliativo si se considera la demanda real.
Aún con el riesgo que implica nadar contra la corriente, la proyección de las necesidades y la gradualidad son vías más realistas, por lo que entiendo que esta racionalidad es preferible, legitimada como está por la realidad histórica y la cultura de la inversión pública en educación en la República Dominicana, independientemente de cuál partido ejerza el poder público.
