Los combustibles derivados del petróleo, y la gasolina mayormente, siguen constituidos en insumos muy determinantes en el costo de la vida en República Dominicana y la estabilidad de sus precios es reconocida por expertos como moderadora de la inflación en estos momentos.

Es a título de inversión social que el Gobierno viene renunciando sistemáticamente a indexar, para el consumidor final, los incrementos de costos en el crudo que de fuera llegan en repercusión de una guerra euroasiática que nadie sabe cuándo ni cómo va a finalizar.

Con su estrategia de no transferir alzas a usos energéticos, el Fisco cesa transitoriamente de gravar los carburantes en un exceso que los hace resultar más caros en República Dominicana que en el resto de la región.

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Por razones prácticas de fuerza mayor, el Estado pone remedio a la enfermedad de los encarecimientos que en gran porcentaje él mismo causa con una voracidad recaudadora que se explica en su excesiva dependencia de impuestos a actividades de producción y comercialización influyentes en precios finales.

Un efecto adverso a gran parte de la sociedad cuya corrección está subordinada a un pacto fiscal que oriente más la tributación hacia la generación de utilidades y creación de riqueza.

Los altos precios de la energía que es motor de la economía penalizan el trabajo y la inversión recayendo gravosamente sobre gente y entidades de diversos niveles de ingreso.

Una injusticia monda y lironda.