La promesa del Presidente Leonel Fernández de promover el desarrollo de la sociedad dominicana, acuñada en la expresión “Nueva York chiquito”, se desvanece.

Entrado en su tercer mandato, el gobierno del PLD no ha demostrado capacidad de transformar sustancialmente las prioridades públicas para lograr mayor equidad, mediante más y mejor inversión social.

El mérito indiscutible del gobierno ha sido producir y mantener estabilidad macro-económica; algo no desdeñable, pero insuficiente para generar mejoría sustancial en las condiciones de vida.

La inversión social ha aumentado ligeramente en los últimos cuatro años, pero se mantiene baja en relación con las necesidades dominicanas y con la inversión en otros países de América Latina. En el 2007, la inversión social dominicana fue alrededor de 9% del PIB, mientras en países como Argentina y Brasil alcanzó alrededor de 20%.

Con frecuencia, diversos funcionarios gubernamentales han señalado la imposibilidad de aumentar la inversión social debido a la carga de los subsidios públicos a servicios como la electricidad y el pago de la deuda externa.

Pero el peso de esos subsidios y de la deuda en el presupuesto nacional demuestra, sobre todo, la incapacidad de los gobiernos dominicanos para planificar y fomentar eficientemente la inversión privada.

En vez de maximizar el uso del dinero del pueblo para bien de la sociedad, los gobiernos dominicanos han destinado  muchos recursos a distribuir prebendas, contratar empleomanía ineficaz, e invertir en obras de infraestructura muchas veces sobre cotizadas o mal hechas.

Por una razón u otra, la inversión social ha quedado siempre rezagada a pesar de los altos índices de crecimiento económico que ha registrado el país en las últimas décadas.

Así es difícil promover desarrollo porque muchas personas permanecen sin entrenamiento ocupacional y carecen de servicios públicos como salud.

Al igual que en otras sociedades, el dilema dominicano radica en quién hace la inversión social y en qué magnitud.

La pregunta es importante porque los niveles de salario e inversión social señalan el desarrollo y bienestar de una sociedad. En países donde ambos son bajos, la pobreza prolifera.

En República Dominicana, el salario mínimo real es de los menores en América Latina, e igual sucede con la inversión pública social, según datos de la CEPAL.

El compromiso del gobierno con un incremento en la inversión social y mayor eficacia de los programas sociales, sería una muestra fehaciente de que está empeñado en promover el bienestar de la población y consolidar la democracia, pues no se conoce ninguna sociedad moderna que se haya desarrollado de otra manera.

La cantidad de recursos es importante, pero también el destino y la utilización de los mismos, porque en sociedades clientelistas como la dominicana, los recursos destinados a la inversión pública, sea social o de capital, pueden ser mal utilizados por funcionarios inescrupulosos.

Durante toda su historia, el modelo económico que ha prevalecido en la República Dominicana ha tenido como eje fundamental la acumulación de capital en manos de unos pocos, mientras la mayoría queda sumida en la pobreza con bajos salarios y precarios servicios públicos.

Es un modelo altamente desigual que se ha combinado con una amplia red de corrupción pública y privada que aumenta la inequidad.

Es una fórmula económica que contribuye a acentuar el subdesarrollo aunque se registre crecimiento económico, porque el crecimiento sin redistribución sólo produce sensación de progreso, no un verdadero desarrollo de la economía y la gente.

Para romper el círculo vicioso de exclusión y pobreza, es fundamental pasar a un círculo virtuoso de mayor y más eficiente inversión social, que mejore la capacitación y productividad de la fuerza laboral y siente las bases para una economía de mayores salarios.

De lo contrario, la República Dominicana seguirá atrapada entre la riqueza de pocos y la pobreza de muchos, con la corrupción y la delincuencia operando a todos los niveles como mecanismos alternos de acceso a una riqueza que no es distribuida adecuadamente por el mercado ni el Estado.