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POR ERICA GUZMAN
SAMANA.- El presidente de la compañía Asesoría Inmobiliaria Internacional (ASINTER) aseguró que adquirió unos terrenos de la parcela 1709-B, del Distrito Catastral número 7 de Arroyo Barril, mediante la compra legal del inmueble a los sucesores del fenecido ex general Rafael B. Richardson.
El empresario Juan Mestre Ibáñez, de nacionalidad española, explicó que en octubre del 2003 un grupo de personas le había vendido porciones de terrenos bajo el argumento de que eran de su propiedad.
No obstante, señaló que pudo comprobar que la parcela 1709-B, de 4,000 tareas, era propiedad de los sucesores del señor Ricahrdson, tras acudir al Tribunal de Tierras de Santiago.
«Localicé la donación de 3,000 tareas deslindadas que hizo el dueño al Instituto Agrario Dominicano -IAD-«, añadió.
Mestre Ibañez mostró una lista con los nombres, cédulas y firmas de 35 invasores, en el que se hace constar que pagó cheques por la suma de RD$3,622,100.00.
«Hay gente que ha cobrado desde RD$1.2 millones hasta RD$20,000.00, dependiendo de la cantidad de tareas que ocupaba. Ahora están reclamando lo mismo que me vendieron y cobraron. No tienen derecho a reclamar», manifestó.
Recordó que dada esa situación envió una carta en el 2004 al entonces Presidente Hipólito Mejía, haciendo lo mismo en el 2005 al actual mandatario, doctor Leonel Fernández, «sin que nadie haga nada».
Indicó que en reiteradas ocasiones ha sido objeto de amenazas de muerte de uno de los invasores, «quien se ha dedicado a vender terrenos dos y tres veces a distintas personas».
Igualmente, señaló que después de obtener las firmas y ventas de los sucesores, depositó en mayo del 2004, a través de su abogado, el doctor Samuel Bernardo Willmore, una querella en contra de los invasores, por violación al artículo 405 del Código Penal.
«No me dejan accesar a los terrenos que he comprado», dijo el inversionista, al tiempo de mostrar una fotocopia del certificado de título de propiedad a nombre de don Rafael B. Richardson y los contratos de compraventa de los diecisiete herederos.
Consideró que la ley debe ofrecer más garantía al inversionista que viene a la República Dominicana a invertir, y estimó que las autoridades deben sancionar a quienes cometen fraude.
