Muchas empresas de Estados Unidos se han quejado de que persiste la inseguridad en la tenencia de tierra en la República Dominicana, impulsada por las expropiaciones por parte del Gobierno, las debilidades institucionales, la falta de aplicación efectiva de la ley y el apoyo de la comunidad local para las invasiones y la ocupación ilegal de tierras.
De acuerdo a un informe elaborado por la embajada de los Estados Unidos, algunas compañías han informado que las concesiones otorgadas por el Gobierno son posteriormente interferidas o no respetadas, y alegan supuesta conveniencia o influencia política como una razón para tales acciones.

A pesar del requisito de registro de tierras, algunas tierras en la República Dominicana no están registradas, e incluso si los derechos sobre la tierra están registrados, la tenencia no está asegurada, según el informe de la embajada “Declaraciones del clima de inversión para el 2019: República Dominicana”, que recoge opiniones de inversionistas y empresas de Estados Unidos instaladas en el país.

Los inversionistas han afirmado que en algunas partes del país las tierras no registradas han sido expropiadas para su desarrollo sin previo aviso ni compensación. Sin embargo, en algunos casos, los titulares de certificados de títulos han recibido poca o ninguna garantía adicional.

“Varias empresas señalan que las prácticas de titulación de larga data, como la emisión de títulos provisionales que nunca se completan o el otorgamiento de títulos de propiedad a múltiples propietarios sin requerir la individualización de las parcelas, han creado una ambigüedad sustancial en los derechos de propiedad y han socavado la confiabilidad de los registros de tierras”, indica el documento.
Algunos de los empresarios consultados informan que algunas de estas prácticas se han reducido en los últimos años, pero sin embargo socavan la fiabilidad de la documentación existente sobre la tierra.
Además, las empresas se han quejado de las luchas del país para controlar el fraude en la creación y registro de títulos de propiedad, incluidas las operaciones ilegales dentro de las agencias gubernamentales responsables de la emisión de títulos.

A pesar de estas fuertes críticas, el informe señala que en la última década el Gobierno dominicano ha implementado programas de reforma enfocados en desarrollar marcos institucionales y fortalecer las agencias gubernamentales y la administración pública.
Como parte de su programa general para modernizar el sector judicial, la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana modernizó su proceso de registro de títulos de propiedad a través de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de US$10 millones en un esfuerzo por abordar las deficiencias y lagunas en la administración de tierras, sistema y fortalecer la seguridad de la tenencia de la tierra.
El proyecto involucró la digitalización de registros de tierras, la descentralización de registros, el establecimiento de un fondo para compensar a las personas por errores de títulos, la separación de las funciones legales y administrativas dentro de la agencia y la redefinición de los roles y responsabilidades de jueces y tribunales.