En un proceso electoral caracterizado  por la inequidad, mas que nada porque el Presidente de la República es también candidato, es fácil predecir que habrá muchas razones  para lamentar la falta de una Ley de Partidos, legislación que nuestra clase política, en un ejercicio de supremo cinismo, se ha negado a aprobar simple y sencillamente porque no le conviene que le impongan controles a su libre albedrío, principal responsable de la progresiva degradación que acusa  la democracia dominicana. Porque si aquí existiera una Ley de Partidos  como manda y demanda esta democracia  tropical y bullanguera, el presidente Medina y su equipo de asesores  se habrían visto ante la obligación de identificar, con sus nombres, apellidos y recursos aportados, a todos y cada uno de los mas de cien empresarios que recientemente participaron en una cena pro-recaudación de fondos para la campaña reeleccionista del mandatario en la que la “entrada” eran dos millones de pesos. Irónicamente, el Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, declaró muy ufano y satisfecho que con lo recaudado en ese encuentro,  sumado a los recursos que el PLD recibirá de la Junta Central Electoral y una rifa que se realizará mas adelante se garantiza el financiamiento “transparente” de la campaña presidencial, por lo que no será  necesario –dice– utilizar los recursos públicos. Curioso sentido de la transparencia el que posee el influyente funcionario, completamente entendible si tomamos en cuenta que desde las alturas del Palacio Nacional las cosas se ven muy diferentes, pero la transparencia, la verdadera, la que está necesitando con urgencia la vida política dominicana,  es otra cosa muy distinta; por ejemplo, dar a conocer los nombres de los empresarios que a través de ese encuentro decidieron invertir en la reelección  del presidente Medina, confiados en que no solo recuperarán muy pronto su inversión sino que obtendrán también   pingües beneficios.