En la página 4A del periódico HOY, en su edición correspondiente al 23 de septiembre del año en curso, aparecen unas declaraciones dadas por el presidente Leonel Fernández ante estudiantes y catedráticos del Hostos Community College de Nueva York sosteniendo que la República Dominicana vive una verdadera revolución educativa que finalizará con la creación de ciudadanos para lo que definió como la Era del Conocimiento.
El mandatario dominicano se expresó de esa manera un día después de haber declarado ante la Asamblea de las Naciones Unidas que el país no cumpliría con algunos de los Objetivos del Milenio debido a efectos adversos en la economía del país causados por la crisis global, la quiebra de algunos bancos comerciales y los males que le produjo a la agricultura los desbordamientos de ríos y cañadas.
¿Qué quiso expresar el presidente Fernández cuando se refirió en un tono tan optimista al estado actual del sistema dominicano de instrucción pública? Trataremos de desentrañar su pensamiento auxiliándonos de hechos que ocurrieron hace unos años.
A finales de la década de los años 80 del siglo pasado, la instrucción pública de la República Dominicana atravesaba por una profunda crisis que la mantuvo al borde del colapso. En todos los niveles, los indicadores de calidad no revelaban más que desastre: baja tasa de cobertura, bajo porcentaje de promoción, y sobrecogedores índices de sobreedad. Para entonces, las condiciones de vida de los servidores docentes eran inferiores a las de trabajadores no calificados. El sueldo promedio de un maestro de escuela pública equivalía a menos de la mitad del costo de la canasta familiar. Los servicios de asistencia médica, vivienda y de jubilación del docente adolecían de tantas fallas que no cabía considerarlos como incentivos. Eran pésimas las condiciones de trabajo en las escuelas públicas. Los docentes no disponían de suficiente materiales didácticos.
Los precios de los libros estaban por las nubes, fuera del alcance del bolsillo del dominicano común. La mayoría de los planteles públicos lucían deteriorados por la falta de mantenimiento y las aulas disponibles no eran suficientes para atender la demanda. Los maestros desertaban de las aulas para ocuparse de otros menesteres de más rentabilidad. Las escuelas normales se encontraban cerradas. Las universidades privadas dejaron de ofertar carreras pedagógicas. Las vacantes que se producían debido a las deserciones de profesores eran cubiertas por bachilleres sin formación en el área pedagógica. A todo esto, resultaba muy baja la valoración del maestro como guía del proceso educativo y como dirigente de la comunidad.
La crisis económica que afectó al país en la década de los años 80 obligaba a las cabezas de familias carenciadas (como las objetivaran los cínicos del FMI) a ausencias muy prolongadas del hogar, y a desentenderse del papel que debían desempeñar en la formación de sus hijos.
Los gobiernos que aquí se sucedieron desde principio hasta final de la década de los años 80 se mostraron muy indiferentes ante la suerte de nuestro sistema de instrucción pública.
Como porcentaje del PBI corriente, la inversión pública en el sector educación en los cuatro años del gobierno perredeísta del doctor Salvador Jorge Blanco promedió 1.80%, en momentos en que la inversión promedio con ese mismo referente de los gobiernos de los países de la América española era de alrededor de un 5%.
¿Y qué decir de las inversiones en educación durante el gobierno de los 10 años del doctor Joaquín Amparo Balaguer Ricardo? 1.26% del PBI en 1986; 1.17% en 1987; 1.01% en 1988; 0.89% en 1990; y 0.54% en 1991. Ante esas cifras tan aterradoras, los comentarios sobran.
Los esfuerzos de todos nosotros (expertos, técnicos, especialistas, docentes, empresarios y hombres de negocios, políticos, líderes comunitarios, líderes de opinión) por evitar el derrumbe de la instrucción pública culminaron con la formulación y puesta en práctica del Plan Decenal de Educación 1993-2003.
En otros intentos por mejorar nuestro sistema de instrucción pública se formularon planes de reforma de la educación con nombres y apellidos. Se hablaba de la reforma de Hostos, 1875; de Pedro Henríquez Ureña, 1931; de la Misión Chilena, 1940; la de Joaquín Balaguer, 1952. Con el Plan Decenal 1993-2003 no ocurrió así. ¿Quién formuló el Plan Decenal? Todos nosotros. Los que nos propusimos, y en parte lo logramos, llevar a cabo una profunda reforma del sistema dominicano de instrucción pública para que la educación dominicana se transformara, en un periodo de diez años, en la base fundamental del desarrollo nacional y de la promoción de cada ciudadano, tanto en el plano social como en el personal, con vistas a que el país pudiera entrar en el tercer milenio de la Era Cristiana con mayores posibilidades en la construcción de una sociedad más justa, más solidaria y más humana.
Con la puesta en práctica del Plan Decenal 1993-2003 se logró ampliar de manera significativa la cobertura y permanencia de la educación inicial y básica, y reforzar las acciones de la educación media y de adultos; introducir transformaciones en el currículo de cada uno de los niveles y modalidades de enseñanza; mejorar significativamente las condiciones de vida del personal docente; elevar los niveles de competencia de los técnicos que laboran en los servicios de educación; lograr una participación más efectiva y activa de los grupos organizados; y, lo más importante, la vigencia de una nueva Ley de Educación que colocó al país de cara al progreso.
En foros internacionales se comentó muy favorablemente el éxito del Plan Decenal hasta el punto que nos llovieron las ayudas de parte de algunos países, así como de agencias internacionales de cooperación.
El Plan Decenal 1993- 2003 fue una iniciativa de todos los que, al margen de las diferencias políticas e ideológicas, logramos ponernos de acuerdo en emprender una serie de acciones para que nuestro sistema de instrucción pública fuera más pertinente y de mejor calidad. Pero su permanencia en el tiempo iba siempre a depender de las disponibilidades y buenas intenciones de los gobiernos que se sucedieran.
¿Qué pasó en la primera administración de gobierno del doctor Leonel Fernández en cuanto a inversión pública en educación se refiere? Que la inversión de su gobierno en educación tuvo un promedio de un 2.51% del PBI y, aunque más baja que el promedio de la América española, es mucho más alta que los gobiernos de Jorge Blanco (1.80%) y Joaquín Balaguer (1.47%). Esto permitió que el progreso alcanzado hasta entonces no se detuviera.
Una vez cumplido el Plan Decenal de Educación 1993-2003 se formuló otro llamado Plan Estratégico de Desarrollo de la Educación 2003-2012. Iniciado durante el gobierno del presidente Hipólito Mejía, dicho Plan consistía en un conjunto de propuestas que habrían de incidir de forma significativa en el mejoramiento de la calidad y en la satisfacción de las necesidades de aprendizaje de la población dominicana mediante el esfuerzo concertado de todos sus sectores. Pero, las menguadas inversiones en el sector educativo de parte del gobierno del presidente Mejía apenas alcanzaron a mantener lo que se había logrado mediante la implementación del Plan Decenal 1993-2003.
La administración del agrónomo presidente prefirió, en desmedro de la educación, invertir cuantiosos recursos en la celebración aquí de los Juegos Panamericanos más caros y maravillosos de la historia.
El sistema dominicano de instrucción pública hoy está conformado por 6 mil 918 centros docentes servidos por 67 mil, 251 maestros. Más del 80% de ellos titulados en universidades nacionales y extranjeras. Los bachilleres egresados de nuestros mejores liceos pueden cursar estudios en cualquier universidad de aquí o del exterior. Por ello, tendría visos de verdad lo expresado por el presidente Leonel Fernández en el Hostos Community.
Pero, muy a pesar de esos haberes, nos faltan miles de aulas y los materiales de enseñanza comienzan a escasear. Técnicos y profesores claman por aumentos de sueldos. Se estima que el sistema demanda miles de maestros más cuya contratación por el momento no ha sido posible. Los servicios de seguro médico y de asistencia estudiantil no funcionan con la eficiencia y eficacia requerida.
Un presupuesto de educación tan bajo como el anunciado para el año 2011 de apenas un 1.98% del PBI podría ser el principal causante de una crisis en el sector que dé al traste con una buena parte de lo que hemos logrado en los últimos años. Ya se avistan las protestas, los paros y otros malestares por el estilo.
Las claves
1. El último Plan Decenal
A pesar de que existía el Plan Decenal 2003-2013, el 19 de enero del 2007 los participantes en el Foro Presidencial por la Excelencia Educativa decidieron realizar un nuevo Plan. Aunque debió estar listo en el 2007, no fue hasta el 2008 que se concluyó.
2. La inversión requerida
Según el Plan Decenal 2008-2018, en el 2011 el presupuesto de Educación debería ser del 3.43% del PIB, en el 2012 del 3.82% y en 2013 del 4.24% del PIB.
3. Los últimos años
En 2009 la inversión fue de 2.33% del PIB, aunque según el Plan debió ser de 2.63%. En el 2008 fue del 2.24%, en el 2007, 2.15%; en el 2006, 1.80%; en el 2005, 1.69%; en el 2004, 1.30%; en el 2003, 2.01%; en el 2002, 2.93%; en el 2001, 2.73; y en el 2000, 2.63%.