La Inspectoría General del Ministerio Público tiene en curso una investigación a las fiscales actuantes en los dos casos de violencia de género que desencadenaron en los feminicidios de Silvia Pozo Fructuoso y Leyda Vicente Sánchez.

“En caso de que se compruebe la negligencia en las actuaciones de las fiscales a cargo, recurriremos a las prerrogativas que nos faculta la Ley Orgánica del Ministerio Público (133-11), así como las penales establecidas, además del régimen de consecuencias que como política institucional se ha establecido, tal y como ha ocurrido con otros fiscales”, anunció el inspector Juan Medina de los Santos.

Aseguró que, desde el momento en que se produjeron los hechos, el Ministerio Público inició un levantamiento sobre los protocolos que siguieron las fiscales que intervinieron en los procesos investigativos previos a las dos tragedias.

Recordó que el Ministerio Público debe velar por el cumplimiento de las órdenes de arresto contra los agresores, que deben ser ejecutadas por los agentes policiales, así como de las decisiones que emanen de los tribunales.

Lamentó la ocurrencia de los feminicidios que consternaron a toda la sociedad dominicana, justo en momentos en que las autoridades realizan actividades enfocadas en la creación de conciencia social en el marco del mes de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y, además, gestionan el reforzamiento de los mecanismos de protección a las víctimas y persecución a los agresores.

Silvia Pozo Frustuoso, de 26 años de edad, residente en el barrio Puerto Rico del sector de Cristo Rey, en el Distrito Nacional, falleció a manos de su expareja, Geraldo Severino Encarnación, de 28 años, quien también hirió a la madre de la víctima, al padre y a un hermano, y luego se suicidó.

Leyda Vicente Sánchez, de 25 años y residente en Brisas del Edén, Santo Domingo Este, también falleció en manos de su expareja, Rubén Darío Jiménez, quien además mató a la madre de la víctima, Olfelina Vicente, y a un cuñado de nombre Henry. El atacante emprendió la huida.

Las mujeres habían denunciado violencia ante las autoridades. En el caso de Vicente Sánchez existía una orden de alejamiento contra el agresor.