Una investigación hecha por la comisión encargada de administrar los contingentes arancelarios del  DR-CAFTA reveló que muchos de los beneficiarios con importaciones que ahora “reclaman derechos adquiridos” al gobierno no eran en realidad importadores sino que eran testaferros. Lo que hacían era revender los permisos .

La sección económica de este diario tuvo acceso a los resultados de esa investigación, que abarcó no sólo a los que aparecían como beneficiarios sino también a las empresas o asociaciones de comerciantes que realmente hacían la importación, y comprobó en la base de  datos de Aduanas que los titulares nunca habían importado nada.

En cambio, sí confirmó que esos titulares recibieron cheques de los reales importadores por la reventa de los contingentes.

Al periódico Hoy se le suministró un legajo que contiene copias de una gran cantidad de cheques que recibieron los titulares de los reales importadores. Llama la atención la falta de claridad en el concepto por el que se emitían los cheques y la coincidencia del valor. Por ejemplo, entre los cheques emitidos  se confirmó que de sólo un importador se emitieron seis cheques de 230 mil pesos a igual número de beneficiarios con las asignaciones de los contingentes.

Asimismo, aparecen cheques de 35 mil 25 mil  y 20,000 pesos.

La veracidad de que esos cheques fueron recibidos por esos titulares está en que estamparon sus firmas y que al recibirlos depositaron copias de sus cédulas, las cuales también reposan en el archivo de Hoy. Con esta práctica se violaban las normas de aplicación de los contingentes arancelarios del DR-Cafta, que prohiben la reventa de las asignaciones de importación de productos de gran consumo.

Además, se violaba el espíritu de la disposición de asignar contingentes a pequeños comerciantes, para evitar que el mercado fuera controlado por un monopolio u oligopolio.

Al desvirtuar ese propósito, a través de importaciones que hacían unos cuantos a través de testaferros que le revendían las asignaciones, al final los precios seguían siendo determinados por un grupo, en perjuicio de los consumidores.

Se determinó que muchos de los que reclaman derechos adquiridos por haber recibido la asignación de contingentes, en realidad no califican para hacer ese reclamo porque en de hecho nunca importaron nada, sino que sólo sirvieron a los grandes importadores que los usaban como testaferros y que controlaban el mercado a su antojo.

Esta práctica, según se advirtió, contraviene el artículo 3.13.1(a) del Dr-Cafta que establece que cada una de las partes garantizará que sus procedimientos para administrar sus contingentes sean transparentes, estén disponibles al público, sean oportunos, no discriminatorios, respondan a las condiciones de mercado, sean lo menos gravosos al comercio, y reflejen las preferencias del usuario final”.