Hoy 
POR JOSÉ LUIS ALEMÁN S.J.
Como todo predicador y asesor con alguna experiencia bien sabe no podemos engañarnos sobre la inutilidad de la mera denuncia de males en orden a mejorar la persona, la familia, la empresa o la nación. La denuncia satisface una de las más profundas argucias del subconsciente cuando se enfrenta con una realidad desagradable: descargar la conciencia y evadir la culpabilidad personal.
Debemos, sin embargo, señalar como aspecto positivo el potencial grande o pequeño de la denuncia para activar una reacción social en cadena contra la situación y favorecer su remedio. Lo importante, sin embargo, es ofrecer elementos para mejorar lo que criticamos.
La relativa falta de investigación tecnológica, la orientada a producir nuevos procesos técnicos de producción y nuevos productos, es un tópico de la crítica a nuestra falta de competitividad. Digo relativa porque en algunas áreas como la producción agropecuaria, la clínica, la económica y tal vez la medioambiental sí ha habido y hay este tipo de investigación. De todas formas su monto no alcanza la masa crítica necesaria para incidir en el proceso macroeconómico del país. Esto no significa, por supuesto, que no ha habido investigación «pura» en el país orientada más a la comprensión que a su aplicación. Marcano, Cicero, Lawden, S. Bencosme, Dinápolis Soto Bello son, entre varios, conocidos modelos de esta investigación teórica, obviamente la que suministra la base a toda tecnología.
Es bueno recordar que a nivel mundial se registra un palpable predominio de la investigación tecnológica privada. Con mucho, a diferencia de hace sólo 20 años, la mayor parte de las patentes se deben a laboratorios privados propios o en red de las mayores multinacionales. Siglo y medio de investigación teórica y aplicada en las mejores universidades y en centros públicos de investigación como la Max Plank de Alemania, el Instituto Pasteur de París o el CERN de la Unión Europea han perdido buena parte de su importancia a favor de grandes centros de investigación empresarial privada.
Aun así, y aun en ese bastión del paradigma de investigación movida por las fuerzas del mercado que son los Estados Unidos, los países más avanzados tecnológicamente no prescinden actualmente de políticas públicas de investigación. Sin ellas la investigación tecnológica sería menor. Por eso sobre ellas escribiré inspirándome en un libro de Larédo y Mustar sobre Políticas de Innovación y de Investigación en la Nueva Economía Global.
TRES PARADIGMAS
1. Paradigma de las Fallas del Mercado. A los economistas nos gusta creer o hacer que creemos que el libre juego de las fuerzas de un mercado libre de intervenciones estatales coloca del modo más eficiente desde el punto de vista del consumidor actual los recursos dirigidos a tasas óptimas de producción científica, cambio tecnológico y crecimiento económico. Como en casi todas las cosas este paradigma tiene puntos fuertes.
El problema surge cuando «bienes» que no están en el mercado son juzgados importantes (defensa nacional, seguridad barrial), cuando los costos de transacción de una investigación prometedora son sumamente altos o riesgosos, cuando sencillamente no existe simetría en la información asequible a los agentes de un mercado global en diferentes países y se teme quedar fuera del mercado, o cuando algunas externalidades positivas no son actualmente aprovechadas por el sector privado pero lo serían si el Estado financiase ciertas actividades (efectos de difusión de informática desarrollada en programas militares, por ejemplo).
Estas fallas del mercado sugieren la conveniencia de que el Estado dedique recursos sustanciales a superarlas aunque, en el esquema norteamericano, el mercado aprovechará la ocasión para competir por esos recursos y eliminar así las limitaciones de recursos, de cortoplacismo o de información asimétrica. Hay dos mecanismos clásicos para aumentar la respuesta a los incentivos: créditos fiscales y pago diferido de ganancias. La característica del paradigma es la falta de instituciones públicas de investigación. En principio el Estado subsidia pero no investiga.
Un caso sencillo replicable en República Dominicana serían subsidios financieros y fiscales a la aplicación al país de tecnologías energéticas alternas que se están desarrollando en otros países, como la eólica o el etanol y que las empresas extranjeras más activas no intentan aún difundirlas mediante inversiones directas en otros países especialmente si su demanda comparativa es pobre. Otros casos evidentes son subsidios de investigación en el ordenamiento de instituciones públicas o de salud ambiental.
Probablemente la mayor dificultad práctica del paradigma en nuestro caso es que la compra de la tecnología existente incluyendo el personal técnico que las adapta a las circunstancias del país es más barata y confiable para las empresas que la que ellas pueden hacer. Sería ridículo atribuir esta política solamente a pesimismo cultural o a cortedad de miras técnicas de los empresarios. El problema real es que la alternativa a la investigación nacional, la compra del producto en el extranjero, es más rentable y productiva. Si el Estado quiere investigación nacional tiene que ofrecerle ventajas que compensen la desventaja de la investigación nacional aunque en el actual marco de la OMC y del CAFTA-RD no es lícito discriminar a empresas extranjeras. Si la sociedad también la quiere tiene que estar dispuesta a pagarla y por lo tanto a aumentar su contribución fiscal.
Como es natural una política de fomento de investigaciones tecnológicas presupone la elección de prioridades por el Estado. En los Estados Unidos, por ejemplo, hay áreas tan sensibles desde el punto de vista del predominio militar o de defensa externa que este esquema no es aplicable. En estas áreas el Estado tienen sus propios centros de investigación.
2. Paradigma del Estado liberal. No encuentro una buena traducción que comunique la esencia de este paradigma que en los Estados Unidos se llama «mission paradigma». El paradigma nace de una concepción liberal del Estado que asume como actividades específicas suyas el fomento de la investigación pública en áreas más allá de las tradicionales de defensa y seguridad. Para que el Estado pueda erigir sus centros de investigación en nuevas áreas de interés nacional se necesita autorización previa del Congreso. El Presupuesto asigna los recursos máximos dedicables a ellos.
En teoría, fieles al ideal de una sociedad de libre empresa, estos centros de investigación no deben competir con los privados. Su papel es más bien complementario que competitivo respecto a posibles centros de investigación privada.
Obviamente cada país de acuerdo a sus ventajas comparativas naturales, tecnológicas e institucionales y de acuerdo a sus necesidades elige algunas pocas áreas de investigación pública. En los Estados Unidos la energía y la agricultura, muchas veces a través de Universidades locales son beneficiadas por esta investigación pública.
3. El paradigma cooperativo, propio de presidentes demócratas más escépticos que los republicanos de la eficiencia del mercado en la investigación, crea laboratorios y centros públicos de investigación tanto para la transferencia al sector privado de tecnologías nuevas como para programas de investigación compartida.
El plan Clinton-Gore de investigación cooperativa trazaba algunas directrices para la planificación de una investigación nacional con énfasis en áreas claves de industrias selectas («industrial policy») estimulada por la política de investigación conjunta de la Unión Europea que produjo brillantes resultados en aeronáutica, cosmonáutica, ferrocarriles de alta velocidad y física nuclear. Sin embargo, la oposición del Congreso a la apropiación de fondos para este paradigma ha restado dinamismo a la investigación cooperativa.
INVESTIGACIÓN POSIBLE EN REPÚBLICA DOMINICANA
La escasez de recursos humanos y financieros para una sólida investigación tecnológica orientada al mercado y la urgencia de la ingente problemática de las necesidades básicas insatisfechas, en obvia competencia por recursos escasos, limita las posibilidades de políticas públicas de investigación tecnológica orientada al mercado.
Esto no significa en modo alguno que no puedan o no deban ampliarse fondos públicos para una investigación centrada en las urgencias sociales y económicas del país. Lo que sí necesitamos es optar por relativamente pocas áreas de investigación priorizada y pasar de rendir servicios a analizarlos y mejorarlos. A simple título de ejemplos presento algunas de ellas.
1. Investigación del sector público: factores que inciden en el rendimiento escolar; calidad de la docencia; rendimiento; pobreza y educación; en centros de salud: diagnósticos, laboratorios, autopsias, clínica; en agricultura: marco institucional de negocios agrícolas, invernaderos, financiamiento, mercadeo; pequeñas y medianas empresas; inversiones directas extranjeras; construcción de infraestructura; medio ambiente, etc., etc.
Generalmente la unidad de investigación en las instituciones públicas responsables debiera sistematizar el cúmulo apreciable de información que se desprende de su gestión en las unidades que funcionan a nivel local. Un centro superior de investigación del área analizaría los datos obtenidos, haría sugerencias y en caso de intentarse las evaluaría.
Investigación tecnológica significa sencillamente hacer mejor lo que ya se hace. Es sorprendente constatar la falta de investigación en estos sectores siendo así que gran parte de su costo, personal, informática, y hasta laboratorio ya está financiada. En efecto, en principio buena parte del sector público dispone ya del más costoso de los elementos de la investigación (recopilación de datos), los procesos tecnológicos están fijados (burocratizados), la cobertura geográfica es amplia y en muchos casos hasta recibe asesorías técnicas calificadas.
Precisamente la calidad deficiente de buena parte de los servicios públicos recomienda su investigación en busca de mejores resultados, la prueba ácida de la conveniencia de la investigación tecnológica. La discrepancia entre costo / beneficio de los servicios es la mejor carta de recomendación de su investigación.
Tal vez el mayor obstáculo para la investigación de los servicios públicos no es financiero ni siquiera falta de competencia técnica sino la precariedad del servicio público. Cada gobierno despide cada cuatro años una porción considerable de los empleados públicos, especialmente de aquellos menos mal pagados por tratarse de tareas de cierta calificación profesional. Este saqueo cíclico de posiciones, protegidas o no por una carrera administrativa despreciada de modo flagrante, y la falta de derecho a pensiones tolerables ajustadas por inflación dificulta toda tarea de investigación continua sobre la calidad de la oferta de educación y sanidad, algunos de los elementos más eficaces a largo plazo de la cacareada y desprestigiada lucha contra la pobreza. De la pobreza vive bien, al menos en ciclos cuatrienales, una apreciable proporción de nuestros egresados universitarios.
2. Resulta cuesta arriba ante este cuadro de abandono práctico de las metas de calidad de los servicios públicos, abogar por un mayor financiamiento directo de la investigación privada. Sencillamente todos los recursos financieros disponibles por el Estado debieran concentrarse en esos servicios, incluida la investigación aplicada.
Tal vez habría que cuestionar la existencia misma de centros de investigación pública diseñados como suministradores de economías externas para las empresas privadas si no se prueba que este objetivo, su razón de ser, se está cumpliendo adecuadamente. Bueno es contar con centros de investigación pública de informática y agropecuaria, diferentes de las unidades de investigación y evaluación continua que requieren las instituciones públicas para su propio funcionamiento y diseñadas para el avance técnico de empresas privadas, pero su utilidad social medida por el costo de oportunidad de lo que pudiera hacerse en otra actividad, obliga a hilar fino.
Un incentivo recomendable para la investigación privada más allá del que ofrece la necesidad de competir exitosamente en el mercado podría ser una apreciable exención del impuesto sobre la renta si las empresas o las personas físicas logran probar con información fiscal cruzada de los beneficiados que financian investigación propia o de centros privados. Es difícil pero no imposible cierto control sobre estos gastos. Peor, mucho peor, es que la única rendición de cuentas de los aportes a partidos políticos sean en algunos casos declaraciones notariales o contables globales sin posibilidad de ser controladas mediante recibos de los beneficiados, una de las más escandalosas formas de corrupción proahijadas por el Fisco que permite mantener un ejército industrial de reserva para los cuadros que no logran empleos públicos.
La investigación aplicada de fuentes alternas de energía, eólicas o biológicas (etanol), de introducción de nuevos productos agropecuarios competitivos a nivel mundial y de conservación de recursos naturales son candidatos obvios para ser beneficiados por estas facilidades fiscales.
Sí me parece importante la formación en la opinión pública de la utilidad de incentivos fiscales controlados a la investigación privada. Todos los países desarrollados lo hacen porque saben su importancia.
CONCLUSIÓN
La palabra investigación tiene dejos exóticos. Conviene recordar que lo esencial en ella es la mejora de procesos y la creación de nuevos productos.
Los servicios públicos son el campo ideal para una investigación aplicada. Sus costos principales están ya financiados y forman una pieza básica en el desarrollo humano. El problema es organizarlos evaluándolos continuamente para proponer soluciones viables de impacto social apreciable. Su enemigo es la falta de permanencia del personal.
Más difícil fiscalmente son políticas de incentivo para la investigación privada. Siempre será posible financiarlas muy parcialmente mediante exenciones fiscales del impuesto sobre la renta aplicadas a donaciones para
áreas estratégicas en cuanto favorezcan más que la creación la aplicación y adaptación al medio de tecnologías nuevas.
En cualquier caso la investigación tecnológica es para nosotros una necesidad y no un lujo. Lujos son los Jaguars, BMW, Mercedes, Carrier, helicópteros, villas romanenses, alta aunque en realidad baja costura, joyas y artilugios semejantes. Llamemos a cada cosa con su nombre.
