Santiago de Chile. El Ministerio Público informó hoy que investiga a 158 personas relacionadas con la Iglesia católica en el marco de 144 casos de abusos sexuales o de otro tipo contra 266 víctimas en Chile.
“Otras regiones no descartan efectuar requerimientos una vez desarrolladas otras diligencias investigativas”, explicó Luis Torres, director de la División especializada en Derechos Humanos, Delitos sexuales y Violencia de Género. En definitiva, será la Fiscalía de Chile, a través de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (UCIEX), la designada como autoridad central del Estado para remitir y recibir válidamente mandatos de asistencia al amparo de convenios o tratados internacionales.
De esta manera, los primeros requerimientos serán expedidos a través de un oficio enviado por el Fiscal a la Cancillería de Chile, que a su vez los cursará por vía diplomática al Vaticano.
“Cabe señalar que se han realizado coordinaciones con la Cancillería y la Nunciatura por estos requerimientos, de manera de asegurar, dentro de lo posible, un resultado eficaz y favorable, además de explorarse otras vías de cooperación a futuro”, precisó Torres.
Con el fin de garantizar una respuesta adecuada a todas las denuncias que puedan existir, no importa la región del país donde se encuentre la persona presuntamente abusada, la Fiscalía Nacional enviará un protocolo de actuación dirigida a los fiscales “para la investigación de delitos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia católica».
El pasado 18 de julio, la Fiscalía chilena ya había confirmado la preparación de un exhorto dirigido a El Vaticano para obtener el informe que elaboró el arzobispo Charles Scicluna, enviado del papa Francisco a Chile, sobre casos de abuso sexual cometidos por miembros de la Iglesia Católica en el país austral.
Scicluna, quien visitó dos veces Chile junto al jesuita español Jordi Bertomeu, oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe, recogió los testimonios de 64 presuntas víctimas y entregó al papa un informe de 2.300 páginas, según han señalado fuentes de la Iglesia.
En una rueda de prensa, antes de su regreso al Vaticano, se le preguntó al arzobispo Scicluna por una eventual colaboración de ese tipo con la justicia civil, a lo que respondió que la información reunida no le pertenece él, sino al papa Francisco.
La Iglesia chilena está desde hace tiempo sumida en una crisis por escándalos de abusos sexuales, que el papa consideró calumnias hasta su visita al país el pasado enero, tras la cual decidió enviar a Scicluna y emprendió varios cambios en la jerarquía católica local.
Hasta ahora, el pontífice ha aceptado las renuncias de cinco obispos, algunos de ellos acusados de encubrir abusos, mientras han surgido nuevas denuncias, como las que apuntan a religiosos marianistas y a un excanciller del arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz, que está en prisión preventiva.