POR DIEGO PESQUEIRA
La Procuraduría General de la República inició ayer una investigación la denuncia de irregularidades en la construcción y distribución de 191 invernaderos valorados en US$181,000 cada uno y recuperar los que fueron entregados a ex funcionarios y políticos sin tener la calidad para recibirlos.

Octavio Líster, director del Departamento de Prevención de la Corrupción (DEPRECO), dijo que el procurador Francisco Domínguez Brito designó al procurador adjunto Pedro Féliz Monte de Oca para que haga la investigación.

Sostuvo que se verificará el destino de los invernaderos y «si los que se beneficiaron fueron dirigentes políticos no importa el partido que sea. Nuestra función, como instrumento de la justicia, es recatarlos y que se le dé el cumplimiento para el cual fue construidos».

La tarde de ayer acudió al DEPRECO el subsecretario de Agricultura, Eusebio Guzmán, quien entregó documentos relacionados con los invernaderos, los contratos y el listado de todos los funcionarios que fueron beneficiados con la construcción invernaderos.

Guzmán acusó al ex secretario de Agricultura, Eligio Jáquez de alegadamente repartir «de manera grosera» los invernaderos entre dirigentes del Proyecto Presidencial Hipólito y amigos suyos.

Líster dijo que también se investiga sobre la construcción de tres mercados especiales con préstamos de España.

Los invernaderos tienen un subsidio del Estado equivalente a US$112,500 por estructura, que calculado a la tasa actual superaría los RD$3.75 millones la unidad.

«Pero también estamos hablando de los mercados y de los frigoríficos y todo lo que tiene que ver con esta área», precisó.

A su juicio si fue interrogado el ex secretario de Deportes, César Cedeño, también pueden hacerlo con el ex de Agricultura, Eligio Jáquez, y cualquier otro funcionario que haya tenido cualquier tipo de participación en estos casos.

«Recuerden que aquí lo que nos guía a es el imperio de la Ley y nadie puede estar por encima de ella», indicó.

PLAN RENOVE

Con relación al Plan Renove y la petición del Pedro Franco Badía de que sea interrogado el ex presidente Hipólito Mejía, dijo que su pedido lo puede materializar a través de sus abogados ante el juez apoderado.

«Evidentemente que es un derecho que le asiste, es parte de su defensa, siempre ha sido su argumento que actuó en base a una orden superior y entonces él a través de su abogado puede solicitarle al juez que sea citado para fines de interrogatorio la persona que él entienda que puede corroborar su planteamiento de defensa», precisó.

Alegó que el DEPRECO no puede hacer la defensa de Franco Badía, sino que son sus abogados los que deben proceder a hacer la citación de todas personas que ellos entiendan «y el magistrado si lo entiende pertinente lo incluirá como testigos ya cuando vayamos al juicio de fondo».

«Si él entiende que es importante para demostrar su inocencia que se escuche al señor Hipólito Mejía es un derecho que le asiste y sus abogados podrán hacerlo», apuntó.

Aclaró que hasta el momento no han considerado necesario citar a Mejía.

DE FABIO RUIZ

Los abogados de Fabio Ruiz, otro de los implicados en el caso del Plan Renove, informaron ayer que respetan petición de Franco Badía de interrogar a Mejía, pero que no la compartían, porque entre otras cosas se podría provocar el alargamiento del proceso.

El defensor Alberto Tavárez dijo que su cliente en todo momento ha reclamado una rápida solución del caso y a la vez que se le presenten las pruebas en su contra.

«No apoyaremos ningún pedimento que pueda entorpecer y aplazar el proceso», apuntó.

Tavárez alegó que durante todo el proceso el derecho de defensa de Ruiz ha sido violado, en especial en la formulación de la acusación.