WASHINGTON (AFP).- El Departamento de Justicia estadounidense abrió una investigación sobre las filtraciones a la prensa que revelaron la existencia de un programa secreto de escuchas a ciudadanos, ordenado por el presidente George W. Bush sin autorización judicial, informó ayer un funcionario del organismo.

“Abrimos una investigación sobre la divulgación no autorizada de información secreta ligada a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA)”, responsable de las escuchas, indicó a la AFP un funcionario del Departamento de Justicia que pidió el anonimato.

Bush reconoció el 17 de noviembre que autorizó a la NSA a espiar sin mandato judicial conversaciones telefónicas y electrónicas entre Estados Unidos y el exterior, en el marco del combate al terrorismo.

El presidente de Estados Unidos ha asegurado varias veces que este espionaje sin mandato judicial es perfectamente legal.

Bush aseguró que las intercepciones telefónicas y electrónicas están solamente “dirigidas a personas que tienen vínculos conocidos con Al Qaida”, el grupo terrorista considerado responsable de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.

La Casa Blanca afirmó la semana pasada que las escuchas eran “vitales” para combatir el terrorismo, y que el presidente Bush, en virtud de los poderes que le confirió el Congreso inmediatamente después del 11 de septiembre, podía autorizarlas sin que mediara orden judicial.

Estas intercepciones telefónicas y electrónicas se apartan de las costumbres de la inteligencia estadounidense, que exige una orden judicial para espiar a una persona que se encuentre en Estados Unidos.

Bush denunció violentamente a las personas que divulgaron “de manera irregular” el programa de escuchas, al día siguiente de que el diario The New York Times revelara la existencia del operativo.

El resultado de estas revelaciones, “es que nuestros enemigos tuvieron conocimiento de informaciones que no deberían haber tenido”, dijo Bush.

El portavoz de la Casa Blanca, Scott McClellan, insistió de nuevo la semana pasada sobre el peligro de estas revelaciones: “Nos hacen correr más riesgos porque el enemigo quiere saber lo que hacemos”.

Por su parte, la asociación de defensa de las libertades individuales ACLU, considera que el gobierno se equivoca de blanco al perseguir a los responsables de las filtraciones a los medios, a quienes considera “suficientemente valientes para denunciar las violaciones del derecho”.

Asimismo, reclama la designación de un fiscal independiente “para establecer si el derecho federal fue violado” con las escuchas de las conversaciones de los ciudadanos estadounidenses.

La Casa Blanca afirmó haber informado de manera regular a parlamentarios sobre el desarrollo del programa de intercepciones telefónicas y electrónicas.

Pero algunos de los congresistas se quejaron de que el gobierno les mantuvo informados únicamente de manera verbal, y que les prohibió tomar notas, cuando el procedimiento regular prevé la entrega de informes escritos a los parlamentarios.

El ex secretario de Estado Colin Powell estimó el domingo que “el presidente había decidido que tenía un mandato suficiente del Congreso” para autorizar las escuchas, “sin tener una autorización de los tribunales o haber informado a los tribunales luego de hacerlo”.

Sin embargo, Powell subrayó que los parlamentarios “deberían proponunciarse para decir si ellos piensan que el presidente aplicó la ley correctamente o no”.