La Unidad Nacional Contra el Lavado de Activos de la Procuraduría General de la República estudia seis casos de “personas políticamente expuestas” de todos los partidos políticos y de los poderes Ejecutivo y Congresional y del área municipal por  manejo de transacciones bancarias sospechosas de hasta US$10 millones.

El director de la Unidad Nacional Contra el Lavado de Activos de la Procuraduría General de la República, doctor Germán Miranda Villalona, reveló ayer que ese organismo estudia seis casos de “personas políticamente expuestas” de todos los partidos políticos y de los poderes Ejecutivo y Congresional y del área municipal por  manejo de transacciones bancarias sospechosas de hasta US$10 millones.

Miranda Villalona no dijo los nombres ni las dependencias de los funcionarios públicos investigados,  al alegar que se encuentran en fase de investigación y que revelar identidades perturbarían los resultados.

Advirtió que el Ministerio Público actuará sin contemplación en caso de comprobarse malas prácticas.

Aclaró que los reportes de esas transacciones no quieren decir que sean lavado de activos “sino que son transacciones inusuales que hay que evaluarlas y clasificarlas para ver si se corresponde a un estilo normal de actividades comerciales. Son transacciones sospechosas de diferentes cantidades, de diez millones de dólares, de cinco y de un millón”, dijo.

  El magistrado aclaró que esos casos han sido entrados por transferencias bancarias.

Asimismo, Miranda Villalona advirtió a los partidos  que la unidad que dirige estará vigilante de sus acciones respecto a los fondos que reciben  para el financiamiento de sus actividades políticas y de las campañas electorales.

El fiscal adjunto fue entrevistado luego de participar como conferencista en el taller sobre transparencia en el financiamiento de los partidos políticos, en una actividad organizada por el Conare, Participación Ciudadana y la Comisión Nacional de Ética y Combate de la Corrupción.

 No hay controles.  Por otro lado, Miranda Villalona   advirtió que se necesita controlar  al sector inmobiliario de la República Dominicana, tras asegurar que está implicado en los grandes casos de narcotráfico y lavado de activos, tales como el de Quirino,  de Paya Baní y el último escándalo el de los US$4.6 millones encontrados en el interior de una yipeta Mercedes Benz blindada, estacionada en una torre  en el sector La Esperilla.

    Además del sector inmobiliario, dijo que hay otros aspectos como el de los dealer y las casas de cambio que son utilizados para lavar dinero.

 “Pero nadie sanciona eso, ni nadie llama a las agencias inmobiliarias para que informe cuando usted hace esa operación. No hay control, parece ser que está acéfalo el control del negocio inmobiliario y tiene que controlarse”, manifestó.

Sostuvo que la  lucha contra el narcotráfico y la corrupción  dominará la agenda del país,   si no se establecen   la supervisión y los controles  de todos los capitales que andan sueltos  para cuidar la  inversión pública y privada.

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Mayores controles

Para el magistrado  el escándalo reciente en el que la Dirección Nacional de Control de Drogas mediante allanamiento encontró US$4.6 millones en una  yipeta  estacionada en una torre del sector La Esperilla,  revela que en el país faltan controles para evitar el lavado de activos. Dice que se revelan fallas en los controles cuando el dueño del dinero, quien está prófugo, consiguió con facilidad varias identidades falsas, carné del DNI y   un proceso de legalización de  dominicanidad.