Javier Herrera 
Los fiscales electorales siguen las pistas de casas donde supuestamente se organizaron los presuntos delitos electorales
En las pasadas elecciones municipales del 18 de febrero parece que hubo un festival de delitos electorales, ya que el mismo día de las votaciones, la organización cívica no partidista, Participación Ciudadana, recibió más de 160 denuncias que apuntaban a presuntas infracciones.
Las quejas puntualizaban una práctica que se ha hecho en otras contiendas electorales: la compra de cédulas; aunque, según observadores del proceso, comprobar dicha ilegalidad no es una tarea fácil, ya que las denuncias no son lo suficientemente sólidas.
Sin embargo, aunque hasta el momento han sido apresadas y les dictaron medidas de coerción a dos personas en Santiago por comprar cédulas para desviar los votos, existen otras 50 denuncias de posibles delitos electorales bajo investigación.
Iván Féliz, titular de la Procuraduría Especializada contra Delitos Electorales, presentó al programa de investigación periodística, El Informe con Alicia Ortega, que se transmite por Color Visión, canal 9, detalles de una de las denuncias recibidas en el sistema de la Procuraduría, que indica que los supuestos infractores andaban con dinero en efectivo, «en contubernio con un delegado de la Junta (Central Electoral)».
Pese a esto, la socióloga y miembro del Consejo de Participación Ciudadana, Miriam Díaz resaltó que los infractores tienen forma «esconder», y «no es tan fácil» comprobar el ilícito.
En ese sentido, Díaz dijo que urge que la sociedad se transforme, ya que no puede existir un policía para cada habitante. «El ciudadano tiene que cambiar; los partidos políticos y los líderes políticos tienen que cambiar», aseguró.
