POR DIEGO PESQUEIRA
El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, reveló ayer que se investiga una alegada estafa superior a los 56 millones de pesos en perjuicio del Estado y la Policía Nacional a través de la asignación de combustible para uso de esta institución. Domínguez Brito dijo que se presume que se manejó de manera irregular la distribución del combustible utilizado por la Policía.
«Hay una investigación abierta en ese sentido», precisó Domínguez Brito.
Fuentes policiales dan cuenta de que ciertamente la distribución del combustible en la Policía se hacía de manera extraña, aunque se desliga de esas operaciones al ex jefe policial, mayor general Jaime Marte Martínez de la situación.
Domínguez Brito, a pesar de la insistencia de periodistas asignados a la fuente judicial, rehusó adelantar detalles sobre la investigación «para no entorpecer».
Pidió paciencia y tiempo para recopilar mayores datos y dar a la opinión pública todo lo relacionado con el caso.
SUBVALUADOS
De otro lado, Domínguez Brito informó que se detectó que cada uno de los invernaderos fue subvaluado en más de 100 mil dólares para beneficiar a un grupo de ex funcionarios, cuyos nombres, dijo, dará a conocer en los próximos días.
Explicó que los invernaderos tienen un subsidio por parte del Estado de 112,500 dólares por estructura, lo que representa una carga global de 675 millones de pesos. Domínguez Brito estimó que los beneficiarios no pagaran el costo real de los invernaderos, lo cual entiende, perjudica al Estado y a todos los dominicanos.
Dijo que el proyecto inicial contemplaba la compra de 295 invernaderos, pero que debido a la devaluación alcanzó solo para 200 unidades.
Adelantó que las acciones judiciales contra el grupo de ex funcionarios y beneficiarios de los invernaderos se iniciarán en los próximos días.
Explicó que serán los tribunales y sus jueces quienes decidirán sobre la responsabilidad penal de los implicados.
Las acciones del Ministerio Público se intensificaron desde principio de mes con allanamientos en la oficina del ex secretario de Agricultura, Eligio Jáquez, y en la residencia del Andrés Escarramán, ex subsecreatrio de Medio Ambiente.
En los operativos se buscaba documentos sobre los invernaderos, que se construyeron con un préstamo español. Alegadamente, el proyecto estaba destinado a productores de vegetales de cinco municipios del país, entre ellos San José de Ocoa, Jarabacoa y Constanza.
NADA CONCRETO
El procurador general de la república declaró que todavía no hay nada concreto en relación al ataque a tiros contra la jeepeta en que transitaban el periodista Euri Cabral y la ingeniera Mildriam Salas Reyes, hecho ocurrido hace seis meses. Dijo que las investigaciones «no han dado los resultados esperados». No abundó sobre el particular.
Exhortó a la Policía a profundizar las investigaciones para identificar a los autores del hecho.
«Es verdad que no ha habido el resultado esperado, pero no es menos cierto que se está haciendo todo lo posible por identificar a los responsables, y la Policía debe continuar y no desmayar en ese sentido», declaró Domínguez Brito.