Hoy 
POR LEONORA RAMÍREZ S.
La Procuraduría General de la República inició una investigación para determinar si las pasadas autoridades actuaron inadecuadamente al conceder indultos, informó el procurador Francisco Domínguez Brito.
El funcionario manifestó que existe la sospecha de que los indultos masivos tenían dos motivaciones: que presidiarios con mucho poder económico salieran imperceptiblemente de la cárcel y quitarle dinero a los reclusos, «y ambos casos son sumamente graves».
«Hay casos muy delicados de personas que no merecían el indulto, pero que tienen mucho poder económico… es cierto que uno no debe hacer presunciones, pero esa situación obliga a profundizar más sobre eso, hay que investigar lo que ocurrió con los indultos porque hay denuncias de corrupción».
Durante el pasado gobierno se establecieron los indultos masivos, producto de los cuales salió de prisión Noemí Rosario Díaz, conocida como «la reina del éxtasis» y que estaba sindicada como una traficante de drogas. Producto de otros escándalos renunciaron de la Comisión de Indultos (de la cual forma parte la Procuraduría) la Pastoral Penitenciaria de la Iglesia Católica y la Comisión de los Derechos Humanos.
El ex presidente Hipólito Mejía se negó a emitir el decreto con los indultos que se otorgarían el pasado 16 de agosto y precisamente cuando el ex procurador Víctor Céspedes fue con la mala nueva a los presidiarios beneficiados, que participaban en una misa oficiada en la iglesia Nuestra Señora La Paz en el Centro de los Héreos, 17 de ellos se escaparon y todavía se desconoce su paradero.
Domínguez Brito, quien ofreció sus declaraciones en el almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, expresó que está opuesto a los indultos masivos y que al momento de seleccionar a los favorecidos deben tomarse en cuenta, fundamentalmente, razones humanitarias y comportamientos excepcionales.
«Para mí los indultos masivos no tienen sentido por dos razones: primero porque hay que respetar la independencia del poder judicial y segundo porque ahora entra en vigencia un nuevo código penal que establece modalidades más amplias para hacer la selección».
CÁRCELES Y EXTRADICIONES
Domínguez Brito, quien fue fiscal del Distrito Nacional durante el pasado gobierno del Presidente Leonel Fernández de 1996 a 2000, también se refirió al hacinamiento de las cárceles dominicanas, pero destacó que descongestionarlas no es la solución.
«Porque estaríamos dándole libertad a gente que tiene un peligroso prontuario delictivo. Lo que se debe hacer es lograr que los reclusos tengan un debido proceso judicial y en un tiempo corto».
Respecto al crimen internacional, explicó que si no hay una vinculación directa entre las autoridades judiciales estadounidenses y las del país no habrá una efectiva lucha contra el crimen organizado.
En ese contexto, manifestó que las extradiciones de dominicanos que han cometido delitos en Estados Unidos se hacen por solicitud de fiscales de ese país.
Al funcionario le parece que se debe revisar el aspecto de las deportaciones, porque a su entender muchos de los afectados no son delincuentes, sino personas que por pequeñas infracciones prefieren que los deporten para no guardar prisión en cárceles estadounidense.
«Eso hay que revisarlo y las autoridades diplomáticas dominicanas deben prestarle mayor atención», destacó. Asimismo, refirió que muchos delincuentes deportados retornan a Estados Unidos porque tienen grandes negocios en ese país.
Domínguez Brito también alertó sobre la existencia del crimen organizado en el país en materia de narcotráfico. «Eso hay que desmantelarlo porque ahora luchan por un puesto en una esquina, pero mañana sobornarán a jueces y financiarán campañas de políticos.
